La ineptitud para el cálculo del almirante Archibald Aloysius Greentread fue la causa de que el buque de Su Graciosa Majestad “HMS Pulldown”, orgullo de la Royal Navy, descanse hoy, más de 150 años después, olvidado en las regiones abisales del océano. Greentread echó un ojo al barco, taconeó con reciedumbre sobre la cubierta de roble, se chupó un dedo, que inmediatamente expuso ante sus ojos para establecer la dirección del viento, tarareó quedo los primeros compases del “God save the Queen” y concluyó, seguro de no errar en la estimación, que para conducir aquel prodigio de la ingeniería naval hasta las Indias Británicas bastaría con 65.316 marineros bien instruidos y sabedores de sus cometidos a bordo. Diez minutos después de zarpar del puerto de Bristol, el “HMS Pulldown” emprendía su involuntaria aventura submarina forzada por aquel innecesario exceso de peso.
La Historia ofrece edificantes enseñanzas a quienes consagran sus vidas al liderazgo de grupos humanos, ya sea para construir un imperio, erigir un puñado de ciclópeas pirámides en medio del desierto o conducir con mano firme la concejalía de Alumbrado.
La quilla del majestuoso “HMS Pulldown” quebrando las olas de la mar océana bien podría constituir una metáfora del enorme artefacto en el que se ha convertido la Ciudad, un buque político-administrativo a bordo del cual navegan 1.500 empleados públicos. La atención, sin embargo, se concentra desde hace años en el puente de mando. (Llegados a este punto, y ante la certeza de que el símil naval y la peripecia del falso Greentread ya no dan más de sí, se hace urgente retomar un estilo narrativo más prosaico y acorde al propósito último del texto: aquí concluye la diversión).
Generosidad en los nombramientos
Tras su victoria en las elecciones de mayo pasado, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, resolvió construir una estructura de Gobierno acorde a sus necesidades. Las circunstancias habían cambiado. La pérdida de la mayoría absoluta en la Asamblea le obligaba, por primera vez en tres lustros, a apoyarse en otros grupos políticos.
Desde 2013, los tribunales dilucidaban la suerte de las demandas que el sindicato FeSP-UGT habían presentado contra los nombramientos de los viceconsejeros que aquel año había formalizado el presidente Vivas. Los sindicalistas juzgaban que la Ciudad no podía contar con un Gobierno cuyos miembros no habían sido elegidos en las urnas, tal y como era el caso de todos los designados.
A la hora de formar Gobierno, Vivas pareció considerar la espada de Damocles que una decisión judicial favorable a las tesis del sindicato suponía para su gestión en la nueva etapa. Así, designó consejeros a siete de sus diputados electos.
Aquel gesto, que parecía hijo de la prudencia, dejó de tener significado cuando, inmediatamente, anunció que reforzaría su estructura de Gobierno con siete viceconsejerías. Ninguno de sus titulares ostentaba la condición de diputado electo.
A este grupo de elegidos, Vivas unió 17 direcciones generales, con lo que el peso en el puente de mando se fue engrosando.
En un nivel inferior, la densidad de puesto por metro cuadrado no era menor. El Gobierno contrató como personal eventual a su servicio a 16 asesores, a los que había que sumar los 23 asignados a los diferentes grupos políticos.
Y, de pronto, hace poco más de una semana, la Ciudad se estampó contra su propia ballena blanca (último símil marinero, ahora sí). Una sentencia del Tribunal Supremo, que resolvía la demanda presentada por uno de los nombramientos de 2013, concluía que ninguna persona que no hubiese sido elegida en las urnas podía formar parte del Gobierno de la Ciudad.
La respuesta de Vivas no se hacía esperar. Después de destituir a sus siete viceconsejeros, el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, anunciaba este viernes que seis de los cesantes serían asignados a nuevos puestos: dos se convertirían en directores generales y el resto en asesores contratados como personal eventual.
El plan podría parecer perfecto de no ser porque la FeSP-UGT, que con tanto éxito ha culminado su cruzada contra el nombramiento de personal no electo en el Gobierno, también mantiene impugnados en los tribunales la designación de los asesores y de los directores generales.
El sindicato considera que en el caso del personal eventual se supera el cupo de contrataciones permitida por la ley: una por diputado, esto es, 25 en el caso de Ceuta. El número actual de asesores supera los 40.
En cuanto a los directores generales, la FeSP-UGT aduce que la Ciudad no tiene competencia para ocupar estos puestos con nombramientos políticos y sostiene que, en algunos casos, los afectados tampoco ostentan la categoría que exige la ley.
Para sostener su arriesgada apuesta, Vivas ha planteado su política de nombramientos como una defensa del autogobierno ceutí y de su Estatuto de autonomía. Según las tesis de los populares, la reivindicación de la capacidad del presidente para configurar su Gobierno está en el tuétano mismo del reconocimiento de la autonomía de Ceuta consagrado en su Estatuto.
El PP siempre se ha mostrado abierto a introducir modificaciones legales que favorezcan el desarrollo de la norma estatutaria, al tiempo que ha abominado de la posibilidad de plantear una ofensiva para convertir Ceuta en una verdadera comunidad autónoma. Quizás, los reveses de los tribunales acaben transformando a Vivas en adalid de la reclamación autonomista. A la fuerza ahorcan.
