No le están poniendo las cosas fáciles al presidente Vivas. Él ya deslizó en su discurso de toma de posesión, que llegaría tan lejos como las circunstancias se lo permitiesen y lo cierto es que se está comportando como un luchador nato, contra corriente, muchas corrientes.
Se le cuestiona dentro, fuera e incluso en el frente judicial. Eso sí, salvo algunos que ya no se cortan ni un pelo, la mayoría, hasta los jueces del supremo, lo hace con mesura, propia tal vez de quien no está seguro de lo que hace. En el caso de los políticos, ya sean del mismo bando o de los que quieren estar en el mismo bando aunque están aparentemente enfrente, el cuestionamiento es siempre ambiguo, perplejo, como bizco, si es que estos calificativos se pueden aplicar a una actitud y no a una persona, aunque ambas coinciden en casi todos los casos.
El último asunto, el de los viceconsejeros es de lo más ilustrativo, porque hasta el Tribunal Supremo se parte en dos para emitir un juicio, una decisión que no sólo afecta a unas personas nombradas para un cargo público, sino más bien a la propia esencia de nuestra autonomía, en parte reconocida y al mismo tiempo en parte desconocida. Tal vez el error ha partido de la propia concepción del cargo de viceconsejero, que debió ser dibujado como un puesto técnico y no político, pero eso hubiera restringido mucho la capacidad de elegirlos, aunque para disponer de personal de confianza ya están los puestos denominados eventuales, que tampoco pueden alcanzar la cifra de cientos, no sé ya si por prudencia o por innecesarios.
Pero lo que más me llama la atención es la taxativa respuesta del PSOE, además sin alternativas. Creo haber oído al presidente Vivas hacer referencia a la Disposición Transitoria Quinta, pero a estas alturas parece una quimera. Lo que sí parece inevitable es promover una reforma de un Estatuto de Autonomía, que tras casi veinticinco años de vigencia muestra ciertas arrugas. Lo primero que debe quedar claramente definido en un nuevo texto es la naturaleza de la institución, porque la actual indefinición acarrea estas consecuencias. Nadie duda en España de que Ceuta tiene carácter de entidad autonómica, además de municipal, pero eso hay que refrendarlo en las Cortes Generales con una nueva Ley Orgánica, que de a la institución ceutí la agilidad y eficiencia de la que ahora carece y que clarifique de modo prístino el alcance del autogobierno de la ciudad. Y no sólo para las estructuras administrativas y de gobierno, sino también para el ejercicio de otras muchas competencias que impactan de lleno en los usuarios de los servicios públicos, como licencias, proyectos urbanísticos o implantación de industrias o de nuevos servicios.
Frente a todo esto, el PSOE sólo ha dicho aquello de "que los echen". Echados están, pero no sólo se trata de asfixiar al gobierno ¿no?
