El secretario general de CCOO, Juan Luis Aróstegui, ha dirigido un escrito al delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, en el que solicita que se corrijan lo que consideran “prácticas abusivas que lesionan gravemente los derechos de los desempleados, a los que se priva de sus derechos por supuestas sospechas de no ser residentes en la ciudad”.
Según consta en los documentos por los que el SEPES dicta sus resoluciones y de los que se hace eco el sindicato, “los desempleados son visitados por agentes de la UCRIF y, cuando no se encuentran en el mismo, deducen que no son residentes en la ciudad, instando tanto su baja en el padrón como la suspensión de las prestaciones o subsidios por desempleo que pudieran estar percibiendo”.
Para CCOO esto es “un atropello intolerable a los derechos de los ciudadanos y, particularmente, a los de los desempleados, a los que se criminaliza y niega su derecho a la presunción de inocencia, actuando bajo meras sospechas de manera cautelar, generando perjuicios a los interesados que pueden producir daños irreparables”.
El sindicato considera que “emplear medios del Estado, como la UCRIF, en perseguir parados, que bastante castigo tienen con que se les impida su derecho a trabajar, es un despilfarro de recursos públicos que debe ser corregido”. Dicen apoyar incondicionalmente la lucha contra el fraude en las prestaciones, pero exigen que esta lucha sea compatible con el respeto a los derechos de los ciudadanos y con el rigor de la actuación administrativa.
CCOO ha advertido al delegado que si la Administración bajo su dependencia, continúa atropellando derechos ciudadanos como hasta la fecha, se interpondrán demandas penales por prevaricación contra los responsables de ese tipo de resoluciones.
