El Consejo de Ministros aprobaba el pasado viernes el denominado ingreso mínimo vital, una renta extraordinaria de apoyo para los españoles en situación de vulnerabilidad. La medida, contestada desde los sectores más conservadores del país, incorpora a España al grupo de países europeos que ya articularon hace años un ingreso mínimo contra la pobreza: Finlandia, Suecia, Dinamarca, Francia, Noruega, Austria, Holanda, Portugal o Italia, entre otros.
Según las estimaciones del Gobierno, 850.000 familias, integradas por 2,3 millones de personas, podrán acceder a las nuevas ayudas, cuyo coste se ha calculado en torno a los 3.000 millones de euros. 1,6 millones de personas saldrán de la pobreza extrema.
Ceuta se convertirá en una suerte de laboratorio que permitirá medir el impacto del ingreso mínimo vital sobre un amplio sector de la población sumida en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Según el informe “Estudio de la pobreza: seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2018”, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), 41.970 ceutíes comparten esta situación de marginalidad. Esta cifra supone el 49,3% de la población frente al 26,1% de la media española.
Hogares vulnerables
El ingreso mínimo vital será accesible para los hogares vulnerables, esto es, aquéllos cuya renta mensual se sitúe por debajo de lo que le correspondería según el baremo de umbrales mínimos. En Ceuta, según el estudio de EAPN, 13.401 personas padecen privación material severa, una condición definida por las dificultades en el acceso a bienes y servicios que registra cada hogar.
El Estudio de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, referido, como el de EAPN, al año 2018, revelaba que el 46,1% de los hogares ceutíes no puede permitirse una semana de vacaciones al año. Disfrutar de una comida de carne, pollo o pescado cada dos días no está al alcance del 11,5%. Ese mismo porcentaje de personas no tiene la posibilidad de mantener su vivienda a una temperatura adecuada ni la de adquirir un automóvil. El 57% carece de la capacidad de hacer frente a gastos imprevistos. Los retrasos en el pago de los gastos de la vivienda son una realidad cotidiana para el 20,7%. Casi el 45% de la población reconoce que llega a final de mes con mucha o alguna dificultad.
Encuesta de Condiciones de Vida (INE)
Por su parte, el informe de EAPN ofrece un dibujo de los hogares ceutíes en términos de acceso al mercado laboral. Uno de los criterios empleados para evaluar la situación socioeconómica de la población es aquél que considera la baja intensidad de trabajo por hogar (BITH), una magnitud referida a aquellos hogares cuyos miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial de trabajo durante el año. En Ceuta, más de un tercio (34,6%) de los hogares, que suman 24.633 personas de entre 0 y 59 años, se encuentran en esta situación.
La ayuda que ofrece el ingreso mínimo vital no representa una cantidad fija sino un instrumento para completar la renta hasta los niveles que precisa la norma, donde se contemplan hasta catorce tipos de hogar. El umbral de renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. En el caso de una familia, se incrementará en 139 euros al mes por cada persona, hasta un máximo de 1.015 euros mensuales. Además, las familias monoparentales recibirán un complemento de 100 euros al mes.
La prestación se calcula como la diferencia entre los ingresos mensuales de la persona o unidad de convivencia y la renta garantizada en cada caso.
