La juez Raquel Lucini ha continuado esta mañana con la toma de declaración a testigos en el marco del denominado “caso Emvicesa”, que investiga la presunta adjudicación irregular de viviendas de protección oficial. La antigua gerente de Emvicesa y actual consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, una jurídica de la sociedad municipal y el agente de la Policía Nacional que elaboró el informe sobre el patrimonio del principal acusado en la causa, el exgerente de la sociedad Antonio López han sido en esta ocasión las que han prestado testimonio ante la juez.
El interés de la magistrada se ha centrado en el procedimiento seguido en su día para la adjudicación de las viviendas de protección oficial de Loma Colmenar. Chandiramani ha defendido la corrección del procedimiento de concesión y la competencia que para la adjudicación de las promociones cabía a la Comisión Local de la Vivienda. El de la responsabilidad sobre los criterios de adjudicación es un punto controvertido sobre el que dos de las imputadas en el caso, las exconsejeras Susana Román y Rabea Mohamed, han fundado sus defensas. Según éstas, los criterios de adjudicación vendrían dados por la Administración central, lo que limitaría el papel de la Comisión Local y, en consecuencia, la responsabilidad de quienes la integraban.
Por su parte, el policía encargado de detallar el patrimonio de López se ha ratificado en el informe que redactó en su día.
