En la sesión plenaria del debate de la Ciudad, el presidente Vivas se comprometió a poner remedio al problema suscitado con los vecinos. Estos no han salido muy satisfechos, ya que entiende que el interlocutor puesto por la Administración ha vuelto a poner encima de la mesa una solución parecida a la utilizada en el último encuentro celebrado entre las partes en verano del pasado año.
Según han confirmado los vecinos a Ceuta Actualidad, la propuesta consiste en permanecer cinco años acogidos al programa de alquiler social, que es el plazo máximo establecido.
La incertidumbre de los vecinos, algunos llevan más de 30 años residiendo en este inmueble, llega al no tener claro que pasará después de ese período, ya que su aspiración es acceder a una vivienda.
En este sentido, según el relato de los vecinos, existe la idea de elaborar una propuesta para elevarla al Pleno consistente en adquirir el compromiso para que las primeras viviendas de protección oficial que se adjudiquen sean para estas personas.
Los vecinos, tras el encuentro con el responsable de Emvicesa, están estudiando la situación y es posible que el próximo martes comuniquen a los responsables de la empresa municipal la decisión que adopten con respecto a este complicado asunto.
El consejero, en declaraciones remitidas por el gabinete de prensa, ha repasado el historial de todo lo acontecido con este edificio de propiedad municipal, precisando, algo que ya se sabía, que cuando accedió al cargo, el inmueble ya “se encontraba en malas condiciones”.
También ha recordado que ya hubo una anterior declaración de ruina, “que por sentencia judicial se retiró y hemos tenido que empezar de nuevo el expediente”. El consejero agrega que con anterioridad se les ofreció adjudicarle una vivienda en la promoción de las 317 “como si fuese un realojo urbanístico, tal y como ocurrió con Las Caracolas”.
El consejero añade que los vecinos “en ningún momento accedieron a esta solicitud…, y en segunda ocasión le ofrecimos lo que el marco de la Ley nos permite, una actuación en el marco de Asuntos Sociales”.
Los directores generales de la Consejería, prosigue con su relato el consejero, “a disposición de ellos y algunos no solamente no fueron” y los que acudieron lo hicieron “con una actitud, en algunos momentos, de carácter violento” “Se le ofreció un alquiler social, como alojamiento alternativo, tal y como establece la Ley, que ni siquiera quisieron valorarlo porque lo que pedían era una vivienda en el centro y en las mismas condiciones en las que se encuentran ahora, de las cuales no disponemos” “no podemos saltarnos la Ley y adjudicar a dedo una vivienda”.
Las manifestaciones hechas por el consejero han sido negadas por los vecinos, que han manifestado que nunca han tenido una actitud violenta y muchos menos que hayan pedido una vivienda en el centro.
Ante la situación, el consejero explica que se encuentra con un expediente encima de la mesa “que hemos vuelto a sustancia con tres informes técnicos…”. Los tres informes coinciden en señalar que “hay que hacer una rehabilitación integral que requiere el desalojo de las personas que allí viven por seguridad” y ante posibles incidentes que pueden afectar a la “integridad de las personas”. Ello, agrega, “me obliga a actuar con la mayor celeridad posible a pesar de que no ha habido colaboración de los vecinos”.
Casa en el centro
Todo ello, según el consejero, “porque no hemos accedido a lo que ellos nos imponen, que es darle una casa, a ser posible en el centro”.
El consejero asegura que actúa porque la responsabilidad, en el caso de suceder algún tipo de incidente, recaería en su persona “y nos vemos obligados a desalojarlos”.
Con el documento firmado para el desalojo, el consejero dice que tanto Fomento como los Servicios Sociales y Emvicesa vuelven a ponerse a su disposición, “e insistimos en el alojamiento alternativo. También ha hecho referencia que las personas que habitan las viviendas no “tienen ningún contrato de alquiler ni escritura de propiedad, más que una situación en precario… no pagan nada y algunas viviendas son ocupadas”.
Se ha referido a que el Estado tiene programada la construcción de 90 viviendas, lo que, a su juicio, abre una nueva posibilidad de llevar a cabo una actuación urbanística singular “y que puedan entrar en esas viviendas, aunque ahora no disponemos de viviendas en las que puedan entrar”.
El consejero ha aprovechado la coyuntura para criticar la actitud mostrada por la portavoz de MDyC en el pleno del debate de la ciudad, que “diciéndole mentiras” pretende que “adjudiquemos a dedo viviendas”.
Para concluir, el consejero ha dejado claro que la única posibilidad que existe ahora mismo es a través de Asuntos Sociales, que no es otra que acogerse al programa de alojamiento alternativo.
