CCOO dice que es una "cacicada"

La Ciudad quiere nombrar a Francisco Verdú jefe de la oficina del OAST en el Tarajal II

El que fuese jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Francisco Verdú, será adscrito al Organismo Autónomo de Servicios Tributarios. La idea que persigue el Ejecutivo local es que sea el máximo responsables de la oficina que el OAST tendrá en el Tarajal II.

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photo_camera Verdú pasaría a ser el responsable de la oficina del OAST en el Tarajal II / ANTONIO SEMPERE

Así lo ha reconocido el interesado a Ceuta Actualidad. Verdú ha explicado que es cierto que ha mantenido conversaciones con los responsables de la Ciudad en esta sentido, ya que la adscripción al OAST es perfectamente legal.

Pese a ello, Verdú ha precisado que hasta el próximo lunes no se incorpora a la Ciudad y será en ese momento cuando se comience a dar los pasos necesarios al respecto.

Cabe recordar que Francisco Verdú es funcionario municipal y que antes de ir a la Delegación del Gobierno ya estaba adscrito a la Consejería de Presidencia de la Ciudad.

Sobre este asunto se ha pronunciado el sindicato de CCOO, que este jueves pasado anunció el endurecimiento de sus acciones con respecto a la política de Recursos Humanos que lleva la Ciudad.

En nota de prensa, el sindicato califica la adscripción como “una nueva cacicada” de la Administración Local, ya que entiende que la misma no ha seguido ninguno de los procedimientos legales destinados a tal fin y que vienen reflejados en los estatutos del OAST

El sindicato explica que en este organismo hay trabajadores que llevan con una adscripción provisional más de seis años, algo que, según dice, no le preocupa ni a la Administración ni al Organismo.

También se detalla que en la Oferta Pública de Empleo de 2016 del OAST no había ninguna vacante de la categoría y nivel a la que se adscribe a este funcionario, “que tiene vacante su plaza de origen.

CCOO insta a la Administración local a la anulación inmediata de la situación creada y anuncia que se reserva, en caso contrario, el derecho de acudir a los tribunales para pedir responsabilidades, “incluso penales si las hubiere”, a todos aquellos que hayan participado.