La Delegación del Gobierno y la Ciudad han acordado toda una suerte de medidas de disuasión fiscal y de control policial en los polígonos de El Tarajal para la regulación del denominado “comercio del bulto”. Entre ellas figura la resolución de asignar la consideración de expediciones comerciales a los fardos que alcancen un determinado tamaño, lo que permitirá la aplicación de la correspondiente normativa fiscal y la intervención de los servicios de inspección.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha desvelado este martes el contenido de estos acuerdos a los portavoces de los grupos políticos de la oposición. Estas actuaciones se implementan a poco más de dos meses de la apertura, el próximo mes de abril, del paso fronterizo Tarajal II, que supondrá el cierre del puente del Biutz y, con él, el inicio de un plan orientado a controlar el flujo de porteadores procedentes del país vecino.
Las intervenciones previstas atenderán al control del tamaño de los bultos acarreados por los porteadores y a la supervisión del origen y legalidad de la mercancía en tránsito. Según ha revelado Vivas a la oposición, una de las iniciativas programadas es la de instituir una tasa a través de la cual la Ciudad se resarza de los gastos extraordinarios que el denominado “comercio del bulto” ocasiona a las arcas municipales. En previsión de que, finalmente, la aplicación de esta nueva tasa resulte inviable, el Gobierno local sopesa la posibilidad de revisar el tipo de gravamen el IPSI a la importación en determinado tipo de mercancías, particularmente las de los establecimientos de prendería.
Seguimiento de las mercancías
Los controles de Aduanas y de los servicios tributarios en las instalaciones portuarias habilitados para corroborar la aplicación de bases y tipos de gravamen en el ámbito del IPSI se mantendrán, al tiempo que se implantará un seguimiento selectivo del tránsito de las mercancías importadas desde el Puerto hasta su lugar de destino. El objetivo de esta disposición es el de determinar si el establecimiento importador cuenta con el preceptivo permiso para el ejercicio de esta actividad. Las mercancías cuyo destino sea un almacén sobre el que pese un decreto de cierre por incumplimiento de la normativa se retendrán en el recinto portuario.
Las autoridades municipales perseguirán también la descarga de camiones en la vía pública y en cualquier otro lugar no habilitado y vigilará el cumplimiento de la ordenanza municipal relativa a la venta ambulante en los polígonos.
La Ciudad tiene previsto destinar a los polígonos de manera permanente una unidad de la Policía Local, que actuará en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil. La implantación de seguridad privada en el recinto y la elaboración de un censo de motocarros, automóviles de uso común en este tipo de actividad comercial, son otras de las medidas previstas.
Además, el Gobierno local se compromete a reforzar los servicios de limpieza en el entorno de la frontera y los polígonos y emprenderá las obras de conexión entre el Puente del Quemadero con la Agrupación Norte del Príncipe Alfonso. La Ciudad también ha revelado su propósito de impulsar el proyecto de remodelación y desdoblamiento de la N-352 en el tramo que une la frontera con la Almadraba.
