La sanción de 1,5 millones de euros impuesta al Ministerio de Defensa por su responsabilidad en el incendio del Monte de la Tortuga, que asoló más de 30 hectáreas en octubre de 2015, continuará en los tribunales. La Abogacía del Estado registraba a finales de febrero un recurso contencioso-administrativo contra el recurso de reposición que, a su vez, Defensa interpuso contra la resolución por la que Medio Ambiente decretaba la sanción.
En su recurso, la Abogacía del Estado reclamaba la suspensión cautelar de la multa bajo el argumento de que el procedimiento sancionador abierto por Medio Ambiente no puede entenderse ajustado a Derecho. La parte recurrente considera que existen discrepancias acerca de la masa forestal afectada y la valoración de los daños. Además alega “posible vulneración de los principios de tipicidad, competencia y defectos e irregularidades procedimentales” y cuestiona la presunción de legitimidad de los actos administrativos.
El mismo día del incendio, la Delegación de Gobierno confirmaba que el origen del fuego declarado en el Monte de la Tortuga, situado en García Aldave, se encontraba en unas prácticas de tiro militares. Las autoridades reconocieron que, pese al dispositivo de protección desplegado con motivo de estos ejercicios, resultó imposible contener las llamas debido a la sequedad del terreno y al fuerte viento reinante.
Resolución sancionadora
La resolución por la que la Ciudad imponía a Defensa 1,5 millones de euros de sanción por su responsabilidad en el incendio censuraba la falta de cooperación en la investigación de algunas administraciones públicas. En concreto, el instructor señalaba al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y al órgano judicial de la jurisdicción penal implicado en las pesquisas, a los que se reclamó informes que nunca fueron proporcionados.
Según objetó entonces Medio Ambiente, el Ministerio de Defensa opuso resistencia en el trámite administrativo a las propuestas de resolución del expediente. En un primer momento, planteó la recusación del instructor, a quien atribuyó un interés personal en el procedimiento, reclamación que fue desestimada. Posteriormente, argumentó la incompetencia de la Ciudad para imponer sanciones por incidentes acaecidos en montes de titularidad pública. Esta interpretación de la norma también fue rechazada.
La resolución constató que las llamas fueron originadas por el uso de balas trazadoras durante unos ejercicios militares en la zona. La reparación de los daños ocasionados se valoró en 1,2 millones de euros.
La Consejería de Medio Ambiente imputó a Defensa la comisión de infracciones administrativas muy graves.
