La Guardia Civil, en el marco de la operación Calafate, ha desmantelado un grupo delictivo dedicado a la venta fraudulenta de tarjetas de transporte de mercancías. Hay un total de 77 personas investigadas a las que se les imputan los delitos de falsedad documental, cohecho y prevaricación. La Guardia Civil ya ha detenido a cuatro de estos presuntos autores en Melilla y Valencia.
Este grupo delictivo, integrado por ciudadanos españoles y marroquíes, propiciaba la obtención fraudulenta de las tarjetas de transportes de vehículos. Estos documentos eran utilizados posteriormente en actividades relacionadas con el "comercio atípico" en la Ciudad Autónoma de Melilla.
"Comercio atípico"
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo, cuando la Guardia Civil constató un desproporcionado aumento del flujo de mercancías. En los últimos tres años, se ha detectado un incremento de 200 a 1.000 vehículos dedicados al comercio atípico en el conocido Barrio Chino de Melilla.
Los investigadores descubrieron que un gran número de tarjetas de transporte de mercancías (Mercancías Discrecional Ligero-MDL), se encontraban expedidas en la provincia de Valencia. Estas autorizaciones habían sido emitidas de manera fraudulenta por un funcionario del Servicio Territorial de Transportes de Valencia. La tramitación de las solicitudes corría a cargo de dos gestorías conectadas entre sí, una en Melilla y otra en Valencia.
La organización cobraba a los peticionarios entre 4.000 y 5.000 euros por unas tasas que en la realidad no superan los 50 euros.
Vehículos "comodín"
El grupo utilizaba como vehículos "comodín" los datos y la documentación de cinco furgonetas y camiones matriculados recientemente, procedentes de empresas de alquiler o transporte. Al ser nuevos, podían acortar los tiempos totales de "la flota total de vehículos del solicitante". De esta manera, las solicitudes se tramitaban como "ampliación de la tarjeta de transporte en la modalidad de flota", que en su conjunto no puede superar la edad media de seis años de antigüedad. Además, a los solicitantes se les inscribía con un domicilio fiscal falso en Valencia, para poder cumplir con los requisitos de la normativa vigente.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Melilla ha realizado cinco registros en viviendas y gestorías en los que se han intervenido teléfonos de alta gama, ordenadores portátiles, diverso material informático en soporte, 11.750 euros y numerosa documentación que está siendo analizada.
