El pasado verano, ante las frecuentes congestiones de tráfico que bloqueaban el acceso a la frontera y a las barriadas y servicios públicos colindantes, la Ciudad adoptó una decisión que generó no poca controversia. La Consejería de Gobernación resolvió destinar a agentes de la Policía Local a tareas de regulación del tráfico de la carretera nacional 352. La reacción de los representantes sindicales de los policías no se hizo esperar.
El argumento de los sindicatos se fundaba en un principio sencillo: las competencias sobre la carretera nacional corresponden a la Administración General del Estado y, en consecuencia, la presencia de la Policía Local no podía justificarse. La obligación de colaborar con otros cuerpos de seguridad para afrontar situaciones críticas –como las que desde hace años se suelen dar en los accesos a la frontera- no implica asumir tareas propias de la Guardia Civil. Un año después, los sindicatos han vuelto a desempolvar las mismas objeciones.
Una alusión a las responsabilidades de la Policía Local en el control del tráfico de la 352 formulada el pasado lunes por el jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Juan Hernández, bastó para reabrir la caja de los truenos. “Que no se olvide nadie que la nacional 352, como cualquier carretera nacional de Ceuta, está en una ciudad y es competencia no solo De la Guardia Civil, sino también de la Policía Local”, sostuvo Hernández, quien aprovechó para censurar la supuesta falta de colaboración de la Ciudad en el desarrollo del dispositivo habilitado para combatir los atascos del pasado fin de semana.
La réplica de los representantes de los policías locales no se hizo esperar. Los sindicatos recuerdan que la 352 ostenta la condición de carretera de interés general y que, por tanto, su regulación, mantenimiento y conversación corresponde al Estado.
Tras la polémica no se esconde sino la insuficiencia de las plantillas policiales que, desde hace años, viene lastrando el trabajo de los cuerpos de seguridad en la frontera y en la carretera que da acceso a ella. De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy prometió en diciembre del pasado año implantar una unidad de tráfico de la Guardia Civil en la ciudad. El por entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se comprometió con el presidente ceutí, Juan Vivas, y el anterior delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, a reforzar con este nuevo servicio los controles en la 352.
En abril, una respuesta del Gobierno a una pregunta presentada por el PSOE en el Congreso quebraba el compromiso. “Todas las instalaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta se encuentran ocupadas por las unidades existentes en dicho acuartelamiento”, sostuvo el Ejecutivo para justificar su decisión.
