El futuro de la “bolsa de horas” pactado entre Ciudad, UGT y CCOO en 2012 está pendiente de la resolución final que adoptará en breve el Gobierno local tras oír hoy las argumentaciones de los sindicatos en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos. La consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, notificará próximamente la decisión definitiva después de plantear esta mañana la revocación del acuerdo que permitió la creación de la bolsa.
El origen del contencioso ahora abierto remite al año 2012, fecha en la que los sindicatos y la Ciudad alcanzaron un acuerdo para ejecutar el incremento de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que el Gobierno central acababa de imponer a los trabajadores públicos.
El pacto, que ahora el Gobierno local ha planteado revocar, establecía la creación de una bolsa de horas para las denominadas “jornadas especiales”, lo que permitiría cubrir los servicios prestados a turno o fuera de la jornada horario sin incumplir la norma ni gravar las condiciones laborales de los trabajadores.
La denuncia de varios policías locales, estimada por los jueces en cuatro sentencias, para cobrar como extras horas que, en principio, habrían de quedar incluidas en la bolsa, trajo consigo la reacción del Gobierno. La Consejería de Economía y Hacienda estimó que, ante la posibilidad de nuevas denuncias, la aplicación del acuerdo de 2012 resultaba insostenible.
Todas las formaciones sindicales, incluida CSIF, que no es firmante del acuerdo, han insistido en su oposición a que el acuerdo acabe siendo revocado. Los trabajadores de la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios, los cementerios civil y musulmán, las bibliotecas municipales y los museos, el centro de menores, la residencia de mayores, la casa de acogida, los departamentos de Juventud y Gobernación y los controladores de basuras verán afectados parte de los ingresos que hoy obtienen a través de la denominada jornada especial si sale adelante la modificación que pretende la Consejería de Economía y Hacienda.
El conflicto ha vuelto a poner en evidencia, al tiempo, las diferencias que CCOO y UGT mantienen con CSIF, sindicato al que consideran responsable de alentar las denuncias planteadas por los policías y, con ello, poner en peligro el acuerdo alcanzado con la Administración hace seis años.
