El popular Nicolás Fernández Cucurull abandona la jefatura de la Delegación del Gobierno en Ceuta tan sólo tres años después de su toma de posesión. El repentino cambio de Gobierno ha obligado al desahucio de quien llegó a la sede de la Plaza de los Reyes para reemplazar a Francisco Antonio González, una de las figuras más reconocidas en el seno del PP y con fama de inflexible negociador y un talante conservador entre los conservadores.
En junio de 2015, apenas un mes después del fallecimiento de González, Fernández Cucurull juraba el cargo en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y con una ardua tarea por acometer. Ahora, también en pleno mes de junio, Fernández Cucurull deja su sitio a la socialista Salvadora Mateos. Un trienio en el que el político popular ha sido diana de invectivas y censuras por el que, sin duda, ha sido el reto de mayor magnitud que ha debido enfrentar durante su mandato, reto que hereda su sucesora: la gestión de la frontera con Marruecos.
El reto fronterizo
Las iniciativas emprendidas por la Delegación del Gobierno desde 2015 no han servido para poner fin a la evidencia de que la de El Tarajal es una infraestructura insuficiente para canalizar los flujos humanos y de mercancías que se registran a través de ella.
Frente a las críticas, el entorno de Fernández Cucurull siempre ha aludido a la discreción con la que el ya exdelegado se ha conducido para garantizar el entendimiento con el país vecino, cuyas decisiones condicionan cualquier medida que pueda adoptarse para mejorar la fluidez en la frontera. Los críticos del político popular le han reprochado, por el contrario, una falta de capacidad para abrir canales de interlocución con las autoridades locales del otro lado de la frontera.
España y Marruecos abrían a finales del pasado año una negociación cuyos acuerdos más incipientes eran revelados por Fernández Cucurull este mismo año. Estas conversaciones habrían servido para alcanzar un primer consenso en torno a la apertura de un nuevo paso fronterizo para vehículos junto a las instalaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y la creación de un área de estacionamiento para automóviles en el lado marroquí.
El control de los flujos fronterizos se convirtió en el principal empeño del exdelegado y en la más urgente exigencia de los partidos políticos y los agentes sociales. Aunque con una demora que por momentos llegó a resultar irritante, Fernández Cucurull logró materializar uno de los compromisos asumidos por el Gobierno del Partido Popular con Ceuta: la apertura del paso para porteadores de Tarajal II. El caos que se registró tras los primeros días de su inauguración ha acabado por olvidarse ante la eficiencia demostrada por el acceso que, a diario, canaliza el tránsito de centenares de porteadores.
El popular también deja tras de sí el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy de iniciar las obras de modernización de El Tarajal el próximo año.
Schengen y migrantes
Fernández Cucurull también será recordado por ser el delegado del Gobierno que planteó la conveniencia de reconsiderar la aplicación de la excepción al Tratado de Schengen que permite a los residentes en la provincia de Tánger-Tetuán acceder sin visado a Ceuta.
La tesis del exdelegado, que no fue más allá de su exposición pública a modo de globo sonda, se sostenía en el desmesurado incremento de la población experimentado por la región vecina, alentado por el “comercio atípico” con Ceuta, actividad que constituye el principal modo de vida de miles de familias marroquíes.
El control de los flujos migratorios ha sido otra de las encomiendas recibidas por Fernández Cucurull, cuya gestión en este capítulo se ha limitado a trasladar la férrea política auspiciada desde Madrid para su aplicación en las fronteras de Ceuta y Melilla. Al igual que su antecesor, Fernández Cucurull se mostró inflexible en la defensa de los guardias civiles investigados por la muerte de 15 jóvenes subsaharianos en aguas de la playa de El Tarajal el 6 de febrero de 2014.
Fernández Cucurull también se adhirió a los argumentos del Ministerio del Interior, que no dudó en acusar a los migrantes, en plena crisis de saltos a través de la valla el pasado verano, de emplearse con violencia.
