La opinión es prácticamente unánime entre los fiscales de Tribunal Superior de Justicia de Catalunya: aquellas 700 denuncias del ministerio público contra sendos alcaldes que se postularon proclives a ceder espacios municipales para la celebración del referéndum ilegal del 1-0, se acabarán archivando. Incluso se acabarán retirando antes de ser ni tan siquiera tramitadas en fase pre procesal.
La fiscalía del TSJC que, tras la muerte del fiscal superior, José María Romero de Tejada, dirige el experto en delitos económicos, Francisco Bañeres, tiene algo más que la intuición de que la orden de archivo de esas denuncias será la primera de las consignas que recibirán de la nueva Fiscalía General del Estado.
En fuentes del Ministerio Público se da por hecho que en el horizonte del nuevo tiempo de negociación que se abre, esta propuesta será uno de las primeras en ser objeto de debate entre las dos partes en litigio: gobierno español y gobierno de la generaliatat.
De hecho, reputados miembros de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no esconden que cuando el entonces Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ordenó la interposición de estas denuncias, lo que cundió entre los fiscales catalanes fue una cierta incredulidad ante ese mandato que, para la mayoría y tras su estudio, adolecía de base jurídica. De hecho, recuerdan sonrojados algunos de estos fiscales, la orden de interponer estas denuncias es anterior a la comisión de la eventual desobediencia por parte de los ediles.
Este medio ha pulsado la opinión de diversos fiscales del TSJC directamente vinculados con la tramitación de aquellas denuncias quienes, incluso, reconocen un cierto alivio si les llega finalmente la orden de archivo.
La apatía con la que, hasta ahora, se han tramitado ha sido tal que incluso a la docena de alcaldes que no comparecieron a la inicial citación de la fiscalía, no se les ha abierto diligencia judicial alguna por esa incomparecencia, una conducta expresamente penada y, más aun, si se trata de cargos públicos.
“No hay duda de que las 700 denuncias tuvieron una inequívoca vocación política. Si ahora nos ordenan que las archivemos, la intencionalidad política intrínseca a esta nueva orden, no será muy diferente”, ha manifestado a Estrella Digital un veterano fiscal del TSJC quien ha añadido, irónico…: “No olvidemos que somos una institución cuyo funcionamiento se basa en el principio de jerarquía”.
