Un accidente de tráfico mortal registrado en Ceuta está en el origen de la decisión de la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial de remitir antes de Navidad un oficio a las policías judiciales de tráfico de la Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y policías locales para que levanten más atestados de siniestros con el propósito de que se instruyan más procesos penales a fin de proteger a las víctimas.
El oficio se fundamenta en una sentencia dictada el pasado julio por el Tribunal Supremo a propósito del accidente que ocasionó la muerte de un motorista en la avenida Ejército Español en 2016. El fallecido circulaba en dirección a la avenida España en el momento en el que un turismo iniciaba una maniobra desde el carril contrario para acceder a las instalaciones del acuartelamiento Coronel Fiscer.
El fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha anunciado la decisión de remitir este oficio en el marco de su intervención en el ciclo “Desayunos sobre ruedas”, organizado por la Federación Nacional Aspaym (Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas).
Según ha explicado Vargas, la resolución marca “criterios vinculantes para todos los jueces”. Los hechos fueron juzgados inicialmente como imprudencia grave por un juzgado de la ciudad y, posteriormente, revisado por la Audiencia Provincial de Ceuta que absolvió al conductor por considerar su conducta como imprudencia leve.
El Supremo acabó condenando al acusado como autor de un delito de homicidio culposo por imprudencia menos grave con una multa de 1.500 euros. La compañía aseguradora indemnizó a la familia del fallecido.
Ahora, la Fiscalía busca con la nueva instrucción una revisión de los criterios con el fin de que los policías elaboren atestados en aquellos casos que los hechos pudieran ser considerados por los jueces como imprudencias menos graves, como por ejemplo los atropellos por no observar la obligación de detenerse en un paso de cebra o por saltarse un semáforo en rojo.
Vargas ha asegurado que la intención es la de aumentar el número de atestados y propiciar así el incremento de los procedimientos penales. El fiscal ha argumentado que la reforma del Código Penal de 2015 produjo una despenalización de los siniestros de tráfico en casos leves que ha causado el desamparo de las víctimas.
