Cuatro agentes cuentan con idéntico número de sentencias favorable a la petición del pago de horas extraordinarias, lo que viene generando desde la semana pasada un conflicto en el seno de la Policía Local.
La consejera ha recalcado que como se anunció la semana pasada se encargó un estudio a los servicios jurídicos sobre la bolsa de horas y sobre las sentencias que resuelve que “le tenemos que pagar las horas extraordinarias porque no habíamos hecho bien el procedimiento”.
El estudios jurídico dictamina que se entiende que ·no se puede “pagar dos veces por el mismo concepto, por lo que o pagamos extraordinaria o abonamos la bolsa”.
En el caso de los agentes que tienen sentencias favorables, la Ciudad abonará el pago de las horas extraordinarias, tal y como se establece en la misma, “y tenemos que detraerle” la cantidad del pago de la bolsa correspondiente al año 2015, “que es el que reclamaban”.
En lo que se refiere al año 2018, “a finales de 2017 cumplimos con todos los requisitos procedimentales contemplados en el acuerdo alcanzado con UGT y CCOO en el 2012, por lo que la situación de partida es correcta”, aunque el Gobierno negocia con los sindicatos un “rebaja de cara a hacer el procedimiento más viable”.
La bolsa de horas es un complemento que los agentes de la Policía Local perciben después de que el Ejecutivo elevase la jornada laboral a 37,5 horas semanales cuando hasta el ese momento era de 35 horas solamente. UGT y CCOO negociaron con la Administración local el establecimiento de la bolsa como compensación, lo que supone una cantidad de más de cien euros mensuales para cada agente.
Pero esto complemento puede tener sus días contados, ya que como es conocido el Ministerio de Hacienda estudia en estos momentos volver a la jornada de 35, que en el caso de que se volviese a establecer la bolsa de horas quedaría sin efecto alguno.
Venganza, según el CSIF
La sección local del CSIF califica de “venganza” la actitud del Gobierno con respecto de los cuatro agentes de la Policía Local que han obtenido sentencias favorables en su reclamación de horas extraordinarias y que se encuadra dentro del conflicto de la Bolsa de Horas.
Como sindicato no firmante y, por tanto, no perteneciente a la Comisión de Seguimiento e interpretación de dicha Bolsa de Horas, “hemos intentado solucionar, sin interponer demanda judicial, la situación en una veintena de ocasiones” y que provocaba, entre otras acciones, que a los agentes les designaran para un servicio con hasta dos o tres días de antelación a la realización del mismo, cuando el acuerdo firmado indicaba claramente que dichos servicios deberían estar fijados antes de la finalización del año anterior.
El CSIF explica que los cuatro agentes de la Policía Local inmersos en este conflicto “no están solos” y que el resto de la plantilla los apoya “y si hiciera falta se realizaría una colecta entre todos los agentes”
“Hemos sido testigos”, dice en una nota el sindicato, de cómo a agentes del Cuerpo, estando de vacaciones fuera de nuestra ciudad, se les ha obligado a dejar a sus familias enteras en el destino para venir a desarrollar un servicio, reincorporándose a su período de descanso posteriormente.
También denuncia han existido casos en el que los policías han tenido que anular reservas vacacionales, debido a que los servicios de la época estival no se les asignaban hasta junio, cuando el convenio obliga a funcionarios y servicios a organizar y solicitar las vacaciones antes del 1 de abril.
El sindicato argumenta que la única respuesta por parte de los responsables era “informar” que se le cursaría un expediente o se le quitarían 1700 euros de sus nóminas, eso sí, trabajar y tomar decisiones para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir “no forma parte de la idiosincrasia de este gobierno”.
Por todo ello, desde CSIF y con el sustento de la Ley, defenderemos la discriminación y el amedrentamiento que están realizando el Gobierno y sus secuaces intentando pisotear los derechos de los funcionarios públicos vulnerando, en el caso de que así lo perpetren, una sentencia judicial y derivaremos a los distintos entes judiciales las actuaciones de todo aquel, político o no, que pisotee los derechos de los empleados públicos.
