Los grupos parlamentarios de la oposición han desacreditado la propuesta elevada hoy a pleno por el Gobierno para la modificación de la ordenanza que regula el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI). La reforma pretende reordenar los procesos de control y verificación de las mercancías importadas para evitar el fraude que se encuentra en el origen de los problemas que afectan a la frontera y a los comerciantes establecidos en los polígonos de El Tarajal.
La propuesta incluye, entre otros puntos, la revisión de procedimientos que permitan garantizar la verificación de los datos consignados en las declaraciones previas de importación a fin de evitar engaños. Además, plantea la introducción de la nomenclatura combinada aduanera para la clasificación de los bienes importados, con lo que se pretende dar mayor seguridad jurídica a los empresarios del sector del comercio.
La consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, ha adelantado que el Gobierno tiene el propósito de aplicar otra serie de medias de apoyo al comercio, entre las que se contempla la revisión a la baja del IPSI para aliviar las cuentas de resultados de empresarios y autónomos. Chandiramani también ha planteado la posibilidad de establecer moratorias en la satisfacción de las obligaciones fiscales de los comerciantes que, a causa de los problemas que se suscitan a diario en la frontera, acumulan en sus almacenes gran cantidad de mercancía para la que no encuentran salida.
Finalmente, el Gobierno ha citado para la próxima semana a representantes de las áreas económica y de consumo de la Ciudad y de la Agencia Tributaria para acordar medidas disuasorias al tráfico de “mercancías tóxicas”. La Consejería baraja incluso la posibilidad de devolver a la Península aquellas mercancías que no se ajusten a los requisitos legales que se exigen para su importación.
Respuesta de la oposición
Ni la propuesta de reforma del IPSI ni las medidas avanzadas por el Gobierno para defender a los comerciantes acaban de convencer a la oposición. Ante la falta de posicionamiento de los socialistas –ni el portavoz, Manuel Hernández, ni el diputado José María Mas han asistido al pleno debido a problemas personales-, la crítica ha venido de la mano de los representantes de Caballas, MDyC y Ciudadanos.
El diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, ha calificado la propuesta del Gobierno de “medida de corto alcance” y, aunque en un principio, ha anunciado que apoyaría la medida para ofrecer una imagen de unidad de la institución frente al problema de la frontera, la coalición finalmente se ha abstenido. El cambio en la intención de voto obedece, según Aróstegui, a que las medidas no incluidas en la propuesta y avanzadas por Chandiramani no se contemplaban en el documento inicial entregado a la oposición.
MDyC también ha sido contundente en su rechazo. El grupo parlamentario, que ha votado “no” a la propuesta, considera que el Gobierno no ha evaluado los efectos negativos que la aplicación de la reforma del IPSI planteada puede tener sobre algunos sectores de la economía local. La diputada Fátima Hamed ha puesto como ejemplo la subida de la imposición sobre el pescado fresco del 0,5% al 3%. “Lo que usted trae aquí es una chapuza, una muestra de su incapacidad”, ha reprochado Hamed a la consejera.
A continuación, ha tomado la palabra el parlamentario de Ciudadanos, Javier Varga, quien ha anunciado su abstención a la propuesta. Varga, que ha censurado la falta de un informe jurídico en el expediente, ha descalificado la gestión que el Gobierno viene haciendo del problema fronterizo. “Dan palos de ciego, actúan al pairo de las circunstancias”, ha acusado el diputado.
