la oposición reprocha a la consejería de medio ambiente su falta de planificación

El Gobierno saca adelante su Plan de Gestión de Residuos con una demora censurada por la Unión Europea

El pleno de la Asamblea ha sancionado hoy la aprobación inicial del Plan Integrado de Gestión de Residuos, un documento estratégico en la política medioambiental de la Ciudad que debió entrar en vigor el pasado año. 

vertedero en arcos quebrados
photo_camera Vertedero ilegal de residuos en Arcos Quebrados (C.A.)

La tramitación del Plan de Gestión de Residuos de Ceuta continúa con su tramitación lastrado por un retraso que el Gobierno de la Ciudad atribuye a la “complejidad” que entraña la redacción del documento. El pleno de la Asamblea ha sancionado esta mañana la aprobación inicial del Plan con la abstención y la crítica de la oposición, cuyos portavoces han insistido en la ineficacia de la Consejería de Medio Ambiente para sacar adelante un trámite cuya cumplimentación ya fue requerida en noviembre de 2016 por la Unión Europea a España. Entonces Bruselas puso en evidencia que existían varias comunidades autónomas que no disponían todavía de un documento que ordenase la gestión y tratamiento de residuos. Entre estos territorios figuraba Ceuta.

“Es un documento muy denso, un documento de una complejidad extrema, pero estar fuera de plazo no significa el fin del mundo”, ha objetado el consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos. El Plan Integrado de Gestión de Residuos, concebido para una vigencia que expirará en 2022, debió entrar en vigor el pasado año.

Los diputados de la oposición han reprochado al Gobierno carencias en el proyecto y falta de planificación. Ausencia de una memoria económica, insuficiencia de medios materiales y humanos para afrontar los objetivos establecidos en el Plan e incumplimiento manifiesto de los plazos han sido algunas de las críticas formuladas por PSOE, Caballas, MDyC y Ciudadanos a la propuesta presentada por Medio Ambiente.

La diputada de MDyC, Fátima Hamed, ha preguntado directamente a Ramos por las sanciones que Europa podría imponer para castigar el retraso en la aprobación de un documento fundamental para la política medioambiental de los distintos territorios de la Unión. El consejero se ha limitado a aseverar que en el caso de que se impongan sanciones éstas se recurrirán.

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