Operación lezo

La Guardia Civil halló sobres de dinero en el reloj de pared del exdelegado Vicente Moro

La Guardia Civil registró hace varios meses el domicilio de Moro y descubrió, además de diversa documentación vinculada con casos judiciales como el que investiga el ático de González o los que afectan al ex vicepresidente madrileño Francisco Granados, una gran cantidad de sobres con dinero en efectivo.

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photo_camera Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta (ARCHIVO)

La investigación sobre la "Operación Lezo" está descubriendo nuevos datos sobre este dispositivo articulado por presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II. Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid es uno de los principales implicados. El nombre del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, salía a relucir en abril de este año por figurar en la lista de 60 investigados. 

Ahora la implicación de Moro va más allá y es que, tal y como informa el diario El Mundo, la Guardia Civil halló sobres de dinero en el reloj de pared de Vicente Moro tras un registro realizado por la Benemérita en su domicilio, y donde también hallaron diversa documentación vinculada con casos judiciales como el que investiga el ático de González o los que afectan al ex vicepresidente madrileño Francisco Granados. 

El periódico El Mundo asegura haberse puesto en contacto con Moro para aclarar su participación y el ex alto cargo del PP niega haber percibido comisión alguna. 

El diario continúa su información detallando que la mano derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel II cobró el soborno de 2,7 millones de euros en Suiza por contrato. Edmundo Rodríguez Sobrino, antiguo responsable de la empresa de aguas madrileña en Latinoamérica, rubricó un «acuerdo de comisión» con Sebastiao Cristovam, representante de la empresa brasileña Emissao en el proceso de compra de esta entidad por parte del Canal de Isabel II.

Esta operación se materializó en 2013 con un sobreprecio de más de veinte millones de euros públicos, tal y como ha acreditado ya la investigación judicial de la denominada Operación Lezo.

Dicho contrato, a cuyo contenido ha tenido acceso El Mundo y que obra en poder del juez Manuel García Castellón, contemplaba el pago por parte de la sociedad vendedora de la referida cantidad a dos entidades suizas controladas directamente por Sobrino. La primera percibió 1,8 millones de euros y la segunda, 900.000 euros.

Según la confesión prestada por Rodríguez Sobrino el pasado mes de julio en la Audiencia Nacional y que fue revelada por El Mundo, 900.000 euros habrían ido a parar a sus propios bolsillos, tal y como él mismo ya ha reconocido. En cuanto a los fondos restantes, el antiguo ejecutivo del Canal de Isabel II señala que hubo dos lotes más por el mismo importe.

De tal manera que, siempre según su relato, 900.000 euros fueron ingresados en una cuenta independiente para que estuvieran a disposición del ex presidente de la Comunidad de Madrid y la tercera parte fue a parar a Luis Vicente Moro, amigo de González, que fue quien diseñó la operación de Emissao. Rodríguez Sobrino apunta a que Moro habría hecho las veces de testaferro del ex líder del PP madrileño.

Sólo un día antes de que Rodríguez Sobrino compareciera voluntariamente para confesar, el juez García Castellón acordó separarle de González. Ambos se encontraban en prisión preventiva en Soto del Real y el instructor acordó que permanezcan en centros penitenciarios distintos.

Según aseguran a El Mundo fuentes próximas a la operación, Moro tuvo conocimiento de que Emissao estaba a la venta mientras realizaba negocios en Brasil para la empresa Essentium. Las mismas fuentes apuntan que Moro se reunió con directivos del Canal de Isabel II en las oficinas de la madrileña calle de Santa Engracia para instrumentar la compraventa. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha plasmado en sus informes que Essentium iba a participar como accionista de Emissao una vez cerrada la operación.

Sin embargo, como su presencia no llegó a concretarse, los investigadores señalan que el Canal de Isabel II adjudicó posteriormente un contrato público de 12 millones de euros como compensación.