El consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, ha declarado en Fiscalía en relación a la denuncia presentada por la familia de Abselam Mizzian en la que piden que se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo de 2014. La sentencia condenaba a dos policías locales por un delito de lesiones con agravante de superioridad a Abselam Mizzian. La condena consiste en dos años de prisión y 22 meses de inhabilitación especial.
Más tarde, un auto de la Audiencia Provincial acordó que se suspendiera la pena de cárcel y la accesoria de inhabilitación siempre y cuando los dos funcionarios no cometiesen ningún delito durante dos años. Hachuel pidió asesoramiento a la Audiencia Provincial cuando se encontró ante la disyuntiva de entender que la suspensión concedida a los condenados no afectaba a la pérdida de su condición de funcionarios. Ante la imposibilidad de recibir este asesoramiento, la consulta se realizó a los servicios jurídicos de la Ciudad que determinaron que los policías locales no perdían su condición de funcionarios.
