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Hacienda suspenda la regla de gasto para los ayuntamientos

Redacción | 14 de septiembre de 2020

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero

El Gobierno central corrige su primer real-decreto, rechazado por el Congreso, y propone una norma para aumentar la capacidad de financiación de inversiones de los ayuntamientos.

El Ministerio de Hacienda impulsará en las próximas semanas un nuevo real decreto-ley que eximirá a los ayuntamientos de cumplir la regla de gasto en 2020 y mejorará las condiciones financieras a los municipios con mayores problemas. La norma, que según el Gobierno tendrá un impacto económico de más de 3.000 millones de euros, habilitará entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación local, que suponen casi 1.500 millones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el real decreto recuperará las medidas de liquidez y alivio financiero para los ayuntamientos que recogía el real decreto-ley 27/2020, rechazado la pasada semana en el Congreso.

 

Uso del superávit de 2019

Junto a la suspensión de la regla de gasto, el real-decreto prorrogará  para 2020 el uso del superávit de 2019 con el propósito de costear inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto el Gobierno estima en 987 millones.

Asimismo, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. El impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros. También se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.

Además, con carácter excepcional, se permitirá que las diputaciones forales y los cabildos insulares de Canarias puedan utilizar el superávit de 2019 para compensar la caída de ingresos en los tributos estatales concertados o en los ingresos tributarios que obtengan y les correspondan exclusivamente por los impuestos indirectos de regulación estatal del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

 

Otras medidas

Hacienda también recogerá en este nuevo decreto las medidas relativas a aliviar la situación de los municipios en peor situación económica. Así, las entidades locales en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación.

También se permitirá a estos ayuntamientos que cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con entidades de crédito. Esta medida permitirá que muchos ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste. Para las entidades que tengan problemas de solvencia se posibilita la consolidación de deuda a corto plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería.

Se permitirá que las diputaciones provinciales y entidades equivalentes puedan salir en ayuda de los municipios con problemas. Así, podrán formalizar préstamos con estas entidades locales y, además, destinar el superávit de 2019 a transferencias corrientes en favor de los municipios con problemas.

También se recuperará en este nuevo decreto lo que tiene que ver con las normas esenciales para el cálculo de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado de 2018, lo que supone para los ayuntamientos 634 millones.

La norma instrumentará los suplementos de crédito necesarios para atender las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en tributos del Estado para fin de ejercicio. Estos importes se han calculado sin tener en cuenta el impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas. De esta forma, las entregas a cuenta han aumentado en 821,9 millones de euros en 2020.

Por último, se recoge un procedimiento de tramitación urgente de modificaciones de créditos para entidades locales para atender gastos extraordinarios y urgentes relacionados con la crisis económica y sanitaria.

El nuevo real decreto-ley no adoptará medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos por ser un punto que ha evidenciado una falta de consenso por parte de los diferentes grupos políticos en el Congreso.

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