La situación procesal de Antonio López, el exgerente de la sociedad municipal Emvicesa imputado por la presunta adjudicación irregular de viviendas públicas, no cambiará. López ha prestado declaración esta mañana ante la titular del Juzgado número 3, Raquel Lucini, un testimonio que según fuentes bien informadas no ha aportado ninguna nueva luz al caso en el que el acusado ha negado su participación.
López ha hecho entrada este lunes en los Juzgados, a las 9.25 de la mañana, en un coche de la Guardia Civil. El exgerente de Emvicesa estaba citado a declarar por el caso Emvicesa a las 10.00 de la mañana junto al trabajador de una naviera y a un empleado de la empresa municipal, ambos en prisión desde febrero acusados como integrantes de una presunta trama de adjudicación irregular de viviendas de protección oficial, una situación procesal que después de su declaración de este lunes se mantiene. Los tres declarantes continuarán en prisión.
El principal imputado del caso Emvicesa abandonaba las dependencias del Palacio de Justicia pasadas las dos y media de la tarde después de haber negado los delitos por los que está siendo investigado. No ha sido el caso del resto de declarantes que han reconocido cierta participación en hechos concretos. Es el caso del trabajador de una naviera, que ha reconocido ante la jueza que dio al ex gerente 12.000 euros destinados a una vivienda para su suegra. Además, el empleado de la naviera ha relatado que se encontró con López en un garaje y que su mujer fue a Marbella a recoger la cantidad de 2.000 euros.
Por su parte, el empleado de una empresa municipal ha señalado a su camello como la la persona que le hizo llegar una cantidad de dinero por la que ha sido cuestionado por la jueza.
Éstas eran las primeras declaraciones que se realizaban desde que se levantara el secreto de sumario y desde que la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz desestimara la recusación de la magistrada Lucini presentada por el abogado José María Calero en representación de López. Calero sostenía que la imparcialidad de la juez se veía comprometida debido a una presunta autoatribución de la causa y a relaciones personales de Lucini con un funcionario policial.
López fue detenido el pasado 14 de febrero en Marbella, fue trasladado hasta Ceuta y pasó largas horas en las dependencias de la Policía Nacional y en el Palacio de Justicia pero se negó a realizar declaraciones.
El que fuera consejero de Vivienda tan sólo se había pronunciado sobre lo sucedido en 2015 momento en el que se destapó el escándalo tras la filtración de la famosa "lista fantasma" en un medio de comunicación. En septiembre de 2015 López acudió a los juzgados y declaró ante la juez Raquel Lucini que la lista de adjudicatarios de las 317 VPO de Loma Colmenar era oficial y que había sido aprobada por la Comisión Local de la Vivienda.
Desde entonces López no había vuelto a testificar, sí dejó claro en su día que cuando se levantara el secreto de sumario hablaría y al parecer ha llegado el momento aunque según fuentes de toda solvencia López ha negado las acusaciones.
Todos los declarantes están acusados los delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental, cohecho y pertenencia a una organización criminal.
