La paciencia de los profesionales sanitarios se colmó el pasado 3 de julio. Aquel día, los miembros de un equipo del 061 eran retenidos y atacados en el domicilio al que habían acudido para prestar asistencia a un paciente.
Aquella fue una más de las agresiones que médicos y enfermeros sufrían a manos de un usuario del sistema de salud o de sus familiares. Según datos del Colegio de Médicos, los trabajadores de la sanidad ceutíes han padecido más de 200 agresiones entre 2011 y 2018.
La violencia ejercida contra los empleados del servicio público de salud no es un fenómeno nuevo ni estrictamente local. Desde 2009, año del asesinato de una médica en la localidad murciana de Moratalla, la Organización Médica Colegial (OMC) conmemora el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario.
Los datos que maneja la OMC resultan reveladores de la naturaleza de esta violencia. Existe, a juicio de los profesionales médicos, una relación entre la inversión pública en el sistema de salud y el número de agresiones. Así, los ataques a sanitarios contabilizados en la última década se incrementan en los años 2016 y 2017 (495 y 515, respectivamente), una tendencia que los facultativos atribuyen a la época de los recortes.
La estadística elaborada por la OMC muestra que el 46,1% de estas agresiones se producen por discrepancias en la atención médica, el 11,4% por el tiempo que se tarda en ser atendido, el 11,1% por no recetar lo deseado por el paciente, el 10,3% por temas relacionados por la baja, el 9,2% por discrepancias personales, el 6,1% por el mal funcionamiento del centro y el 5,8% por informes médicos no acordes a sus exigencias.
Este tipo de violencias sitúa a las mujeres como la víctima más frecuente. En 2018, el 59 % de las agresiones fueron sufridas por mujeres, un 7% más que en 2017: el 2,2 por mil de los colegiados, frente el 1,6 por mil de los hombres.
En Ceuta, de las 18 agresiones registradas por el Colegio de Médicos en 2018, 15 tuvieron por objetivo a médicas y enfermeras. Aquel año, dos tercios de los ataques al personal sanitario se produjeron en el servicio de urgencias y en las consultas de atención primaria.
Prevención
En 2017, y ante las demandas de los representantes del personal sanitario, el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) presentó, junto a la Jefatura Superior de Policía, la figura del “interlocutor policial sanitario”´, cuya creación fue una de las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior contra las agresiones. Además, también se puso a disposición de los profesionales un protocolo de actuación policial tendente a prevenir o dar respuesta al riesgo de agresiones que se cierne sobre los trabajadores sanitarios.
Aunque la profesión acogió favorablemente el apoyo brindado por Interior, médicos y enfermeros mantienen que las medidas que las autoridades sanitarias han implementado para combatir esta violencia siguen resultando insuficientes.
Los profesionales de la salud han planteado a la Administración una amplia panoplia de medidas entre las que se cuentan la implantación de sistemas de video-vigilancia durante las 24 horas en los pasillos y en las salas de espera y de admisión de los centros sanitarios, la colocación de dispositivos sonoros de alarma en las consultas, reducir los tiempos de espera, garantizar una ratio adecuada y segura de pacientes por enfermero y médico e implantar un sistema de organización debidamente protocolizado para pacientes y familiares.
Una de las propuestas más llamativas pasa por reclamar el acompañamiento de las fuerzas de seguridad cuando se tenga que prestar asistencia en los domicilios de pacientes condenados por algún acto de violencia.
“Las medidas actuales no son suficientes ni eficaces: y el problema se agrava día tras día", advierte el Sindicato Médico de Ceuta.
