“Esta medida que ya existe en casi todas las administraciones públicas de España y que todavía no se ha implantado en nuestra administración local consiste en que los desempleados que lleven más de tres meses inscritos en las oficinas del SEPE y que carezcan de rentas superiores al salario mínimo interprofesional o del IPREM, en función de los componentes de la unidad familiar, así como a las víctimas del terrorismo no se les exija el pago de las tasas de estos exámenes”, explican en nota de prensa.
Desde el MDyC entienden que “es una medida de justicia social facilitar a aquellos miembros de la sociedad que pasan por momentos económicos malos, la posibilidad de poder obtener una mejora en si situación laboral y que esa falta de recursos no se convierta en un impedimento para su integración en la sociedad”. De esta forma el partido asume la propuesta de UGT y para ello, llevarán el asunto a la próxima Comisión de Cuentas para que se apruebe la exención a los desempleados y víctimas del terrorismo de estas tasas.