UNA INICIATIVA DE PODEMOS

Una moción instará en el Senado a poner fin a las "devoluciones en caliente"

Podemos insta al Gobierno a suspender la devolución directa a Marruecos de migrantes en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y le exige respetar la legislación sobre protección internacional y preservación de los derechos humanos. 

guardias-en-la-valla-1
photo_camera Agentes españoles y marroquíes, en la valla de Benzú/ ANTONIO SEMPERE

Podemos reclamará al Gobierno que ponga fin a la práctica de los “rechazos en frontera” o “devoluciones en caliente” a través de la primera moción que el grupo parlamentario presentará en el Senado. En el texto de la iniciativa, que se debatirá en la sesión plenaria programada para mañana martes, los parlamentarios de Podemos arguyen la distinta legislación internacional respecto al trato a los migrantes y esgrimen la Convención de Ginebra como argumentos contra la política de extranjería española.

El Gobierno español legalizó el pasado año la “devolución en caliente” – o “rechazo en frontera”, según la terminología empleada por el Ministerio del Interior- para los migrantes que intentaran cruzar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Para ello, introdujo una disposición en la Ley de Seguridad Ciudadana que actualizaba la Ley de Extranjería con este único propósito.

Podemos denuncia que esa disposición adicional de la Ley de Seguridad Ciudadana no contempla procedimiento administrativo alguno para formalizar la devolución de los migrantes. Los senadores proponentes recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha admitido a trámite al menos tres denuncias planteadas por las víctimas de estos procedimientos de expulsión.

La moción insta al Gobierno a que se abstenga de impartir instrucciones a la Guardia Civil para la entrega directa a Marruecos de los migrantes que sean interceptados en las vallas. Podemos reclama que, en tales casos, se apliquen los protocolos de expulsión o devolución desarrollados en la normativa de extranjería.

Los senadores exigen que los agentes que prestan servicio en la frontera observen “con respeto escrupuloso” la normativa internacional que regula la protección de los migrantes y los derechos humanos.