El levantamiento del secreto de sumario del caso Emvicesa está sacando a la luz detalles de la investigación llevada a cabo por la UDYCO para destapar una trama de corrupción en la compra-venta de viviendas de protección a través de la empresa municipal. A la cabeza de todo el entramado se encuentra el que fuera gerente de la citada sociedad, Antonio López, actualmente en prisión. Él era el destinatario del dinero que muchos ciudadanos pagaron a uno o varios intermediarios para conseguir una VPO. Hacia estos intermediarios también apuntan los cinco trabajadores detenidos en febrero y puestos en libertad con cargos.
Cuatro de ellos están acusados de prevaricación y falsedad documental, mismos delitos que comparte una quinta trabajadora junto con el tráfico de influencias. Los cinco declararon ante la jueza que instruye este caso y todos negaron tener conocimiento de que se vendían casas o de que Emvicesa fuera la encargada de baremar a los demandantes de vivienda, “eso lo hacía la Comisión Local de la Vivienda”.
Tras la lectura de esta parte del sumario se deja ver la falta de organización dentro de la empresa municipal. En las declaraciones de los trabajadores hay un comentario común: “aquí todos hacemos de todo”. Una falta de organización y control cuando, según los empleados, “Antonio sacaba una lista. A veces la repartía entre el área comercial y otras nos la daba a nosotros”, declaraba S.V. En cambio a T.S., Antonio López le decía que “la lista venía de Servicios Sociales. Era Servicios Sociales quien venía y modificaba la lista o bien llevaba la lista Rabea o una asistenta social”. Además explica que se cambiaron personas de la lista hasta el último momento y que no lo denunció “porque para eso estaba el jefe. Yo soy una mandada. Todo el mundo sabía lo que es estaba haciendo, también los jurídicos”. Por su parte, I.M. asegura en su declaración que Antonio le daba nombres. Él comprobaba que eran solicitantes de vivienda y les daba casa según la unidad familiar, algo que asegura “no le parecía normal”. Preguntado por los motivos por lo que no denunció esa anormalidad, asegura que no lo hizo por miedo a ser despedido y califica el procedimiento de las 170 viviendas de “locura”, promoción en la que formalizaba los contratos de las personas que ubicaba otro compañero mientras que un tercero daba las llaves.
Todos los trabajadores de Emvicesa coinciden en señalar que en la empresa no se baremaba y que suponían que la lista de adjudicatarios venía de la Comisión Local de la Vivienda y del gerente. Asimismo, desconocen que se haya pagado por obtener una vivienda aunque uno de ellos, I.M., asegura que hizo una lista con la gente que denunciaba haber efectuados pagos “y se la dimos a Antonio quien dijo que se lo lleváramos a García Selva” pero ahí se quedó el asunto.
Las declaraciones en cuanto a la lista fantasma son dispares. S.V. dice desconocer de dónde salió. T.S. asegura que registró el listado en octubre de 2013 y que quien trabajaba en esa lista era I.M. Este último, por su parte, afirma que la lista la hicieron “poco a poco” con los nombres que les daba Antonio. “Fue una sorpresa verla publicada”, declara.
Los compromisos de López
Los cinco trabajadores de Emvicesa son conocedores de los compromisos, escritos en los que el gerente se comprometía a dar una vivienda en otras promociones a familias que habían rechazado una casa por ser pequeña para el número de miembros. Estos compromisos se cifran en 80 en Loma Colmenar, según S.V. “aunque puede ser que haya compromisos de personas no inscritas como demandantes de vivienda”. M.G. va más allá al afirmar que el primero en dar compromisos, antes que López, “fue Francisco Márquez”.
Familiares adjudicatarios
Los familiares de estos trabajadores no han quedado al margen de la trama. El hermano de uno de los detenidos estaba en la lista por un favor personal de Antonio López al padre de la trabajadora, quien le pidió que le diera una vivienda en las 170 y así fue. S.V. asegura que no sabe cómo entró el hermano de su compañera “pero cumple con los requisitos para ser adjudicatario”. El primo de otro empleado también figuraba en la lista fantasma, un familiar con el que “tengo trato de vez en cuando”. Curioso es que el primo no viva en la vivienda adjudicada en las 317 sino que sea su madre quien resida allí mientras él lo hace en la casa de su abuela recientemente fallecida. Todos los trabajadores, excepto uno de ellos, tienen viviendas de protección en Patio Páramo o Serrano Orive por un convenio de la empresa.
Caras conocidas
Si Antonio López es considerado el cabecilla de toda esta operación, el policía portuario es el intermediario al que pagaban las supuestas “reservas” de las casas para luego repartirse el dinero con el gerente de Emvicesa. Precisamente el portuario era conocido por los trabajadores, por todos menos por I.M. Según han declarado los empleados “iba mucho” por Emvicesa aunque dejó de hacerlo cuando López fue cesado. También conocen a Furgui que al parecer “montaba mucho jaleo”, tanto que hace un año tuvieron que echarle de la oficina porque “venía puesto y con gente que quería una casa”. El vigilante de las obras, el hermano del portuario y el de Furgui también se dejaban ver por Emvicesa.
Curioso es que un trabajador de Emvicesa niega conocer a Mohamed Ali, líder de Caballas y diputado de la Asamblea, hasta que le muestran una fotografía y le reconoce porque “iba mucho a ver a Antonio”. Uno de los detenidos durante su declaración ante la juez se refiere a reuniones extraoficiales entre Antonio López, Ali y la por entonces consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed. Por otro lado, solo uno de ellos reconoce que Susana Román dio la orden de no llamar a nadie hasta pasadas las elecciones mientras que otro lo niega asegurando que Román no iba por Emvicesa.
