La obra de remodelación de la Gran Vía y aledaños, que el consejero de Fomento, Nestor García, ha defendido como la culminación del proyecto político de Juan Vivas, está levantando ciertas suspicacias no sólo entre la oposición sino también entre los técnicos. Estas han sido expuestas sin tapujos por un arquitecto ceutí, Carlos Pérez Marín, en la red social Twitter. En una publicación acompañada de una imágen ha instado a los partidos políticos de la oposición a que exijan al Gobierno que haga público el proyecto con el objetivo de conocer en qué se quieren invertir esos 8 millones de euros en los que se ha tasado la reforma.
Los datos sobre las intenciones del Gobierno van llegando a cuentagotas. Procesa ha sacado ha licitación dos estudios relacionados con la obra, uno sobre reformas en los accesos, tanto de vehículos como de personas, a los párking subterráneos y un segundo estudio sobre conducciones de agua que apunta a la intención de instalar diez fuentes ornamentales.
El arquitecto ceutí pide conocer el proyecto porque de entrada, con los datos publicados hasta la fecha, no le cuadran las cuentas. Sus cálculos "a groso modo" suman 3.200.000 euros "si se pavimenta con granito de 5 centímetros de espesor, incluyendo hasta las calzadas, por lo que esa diferencia puede compensar lo que incluya el proyecto y que es lo que desconocemos hasta la fecha" sostiene Marín. En esos más de 3 millones, además de la pavimentación, Marín ha incluído lo que costaría levantar la solería actual y añadir más mobiliario y lumanarias. El arquitecto asegura que las cuentas no le cuadran, "sólo con los datos que se conocen", por eso ha solicitado al Gobierno que publique el proyecto de remodelación.
Marín ha optado para hacer sus cálculos por una piedra de granito de espesor de 5 centímetros porque "evita los resbalones y además es la que ha demostrado mejor comportamiento después de su positivo resultado en el Paseo de las Palmeras", explica el arquitecto.
La remodelación de la Gran Vía no sólo ha levantado suspicacias, como las descritas por Marín, suscitadas por "lo abultado de la tasación del proyecto". Partidos de la oposición también ponen en duda que esté justificado que el Gobierno se salte el paso de la licitación a través de una encomienda de gestión a la empresa pública TRAGSA.
