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Oenegés reclaman a PSOE y Unidas Podemos que no avalen la legalidad de las devoluciones en caliente

Redacción | 14 de febrero de 2020

Rueda de prensa de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA/ARCHIVO)
Rueda de prensa de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA/ARCHIVO)

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (CAONGD) recuerdan que la sentencia del TEDH no obliga a mantener las devoluciones en caliente en el ordenamiento jurídico español.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (CAONGD), integrada por 72 entidades, han instado a PSOE y Unidas Podemos a que cumplan con su compromiso de dejar fuera de la ley la práctica de las devoluciones en caliente de migrantes en las vallas de Ceuta y Melilla. Las dos entidades han mostrado su rechazo a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que avala la legalidad de la expulsión desde Melilla a Marruecos de dos migrantes en 2014, por considerarla contraria a los principios básicos del Derecho Internacional en materia de derechos humanos.

“Es inaceptable, ya que deja vacías de contenido cuestiones tan básicas en materia de derechos humanos como el derecho de asilo, el principio de no devolución o el acceso a un recurso efectivo frente a la expulsión, entre otras”, protestan las organizaciones humanitarias en un comunicado.

Las dos entidades recuerdan a PSOE y  Unidas Podemos que, en todo caso, la sentencia no obliga a mantener la práctica de las devoluciones en caliente dentro del ordenamiento jurídico español. “Nada impide que los estados miembro del Consejo de Europa, a través de sus tribunales constitucionales, establezcan una interpretación más garantista, por ejemplo, declarando inconstitucional las devoluciones en caliente", sostienen.

APDHA y CAONGD critican el argumento ofrecido por el Tribunal, según el cual los dos migrantes expulsados se vieron envueltos en esa situación por “no usar los procedimientos legales que existían para entrar en territorio español de manera legal”. Las dos entidades consideran que con arreglo a este principio los derechos fundamentales de las personas “se apagan” para quienes no acrediten haber entrado en el país por un puesto fronterizo habilitado.

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