El debate en torno a la modificación de los Presupuestos Generales de la Ciudad propuesta por el Gobierno ha vuelto a arrebatar a la oposición. La consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, traía al pleno de la Asamblea la aprobación del primer expediente de modificación de crédito del año 2018, un ajuste presupuestario estimado en 16,2 millones de euros.
Chandiramani ha presentado las modificaciones introducidas en el Presupuesto como un modo de adaptar la gestión económica de la Ciudad a las necesidades surgidas en este primer trimestre del año.
El documento votado esta mañana incluye 2,6 millones para la actualización salarial del personal de la Ciudad y el pago de gratificaciones y horas extraordinarias, destinadas éstas últimas fundamentalmente a los funcionarios de la Policía Local.
Chandiramani ha detallado que otros 2,4 millones se asignan a acciones de promoción económica, entre las que ha citado la creación de planes de dinamización digital y mejora de la competitividad del comercio. La consejera ha anunciado que el Gobierno pretende crear invernaderos para pequeñas empresas en las barriadas, el primero de los cuales podría instalarse en el mercado de El Príncipe.
El expediente prevé un incremento de cinco millones de euros para “proyectos singulares” en las barriadas, entre lo que figuran la reforma integral de edificios, la adquisición de un local de la extinta Caja Madrid para la creación de un centro de mayores y la construcción de la eternamente pospuesta pista de atletismo.
La suscripción de un convenio con Cruz Roja para la atención de menores extranjeros y la financiación de los billetes de helicóptero para el traslado a la Península de enfermos oncológicos figuran bajo el epígrafe que el Gobierno ha titulado como gasto social.
Chandiramani y Vivas charlan antes del comienzo de la sesión plenaria (C.A.)
La modificación presupuestaria incluye también la habilitación de créditos para afrontar el pago de 1,4 millones de euros en concepto de sentencias judiciales que condenan a la Ciudad y el abono de servicios básicos.
Finalmente, el documento consagra la modificación de la base 19 para la ejecución del presupuesto, que preveía la licitación de todos los contratos públicos de cuantía superior a los 500 euros. Chandiramani ha explicado que esta medida se adopta para adaptar la norma a las estipulaciones de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Rechazo de la oposición
Ninguno de los cuatro grupos de la oposición ha concedido ni de lejos un aprobado al documento que el Gobierno ha sometido a su consideración. Deficiencias de carácter técnico, información insuficiente, utilización de los expedientes de modificación como instrumento rutinario para recomponer el presupuesto e, incluso, la existencia de comportamientos endogámicos han sido los reproches que han formulado los portavoces de la oposición.
El diputado socialista José María Mas ha sido el primero en abrir el fuego con un reproche al uso de las modificaciones de crédito como una práctica orientada a trasladar partidas de un ejercicio a otro a fin de ocultar una gestión económica incompetente. “Lo que ustedes hacen siempre es presentar un documento presupuestario a comienzos de año pero entre ese documento y lo que finalmente se ejecuta acaba habiendo una gran divergencia”, ha protestado.
Sin embargo, la crítica más dura ha sido la expuesta por el diputado de Caballas Juan Luis Aróstegui, quien ha acusado sin ambages al equipo de Gobierno de utilizar la herramienta de la modificación del presupuesto para favorecer comportamientos corruptos y beneficiar a empresas amigas. “Cada modificación es una tómbola en la que siempre ganan los mismos: hay están la empresa de limpieza, Cadagua, Bankia, la empresa de alumbrado… Todas reciben”, ha acusado Aróstegui.
Las imputaciones del diputado han encontrado la respuesta de la consejera Chandiramani, quien ha invitado al diputado de Caballas a acudir a los tribunales si tiene constancia de la comisión de algún delito. “Acuda usted a los juzgados, que yo le acompañaré”, le ha conminado.
El símil de la tómbola también ha sido utilizado por la portavoz de MDyC, Fátima Hamed. “Sólo hay dinero para más trampas y fantasías que se distribuyen como en una tómbola”, se ha quejado la diputada.
Hamed ha reprochado al Gobierno una mala presupuestación, una tara en la gestión que, a su juicio, ha obligado a un incremento de las partidas. “Este expediente es una chapuza”, ha concluido.
Finalmente, el diputado de Ciudadanos, Javier Varga, ha calificado el documento de “descuidado” y se ha quejado de la escasa información facilitada en el mismo sobre el destino preciso del dinero contemplado en cada una de las partidas.
Varga ha querido ver una intención electoralista en la gestión presupuestaria del Gobierno. “Por ejemplo, había 700.000 euros para la frontera inteligente que ustedes han retirado para destinar a vaya a saberse qué otros fines propagandísticos”, ha recriminado el diputado.
