Los ministros del Interior de la Unión Europea (UE) han llegado a un acuerdo para impulsar la devolución de inmigrantes irregulares a sus países de origen, a través de procedimientos más rápidos y efectivos.
El Consejo de ministros europeos de Interior dio luz verde a la reforma de la Directiva de Retorno, de 2008, con el objetivo de responder a los nuevos retos y, en particular, a la constante presión migratoria.
La Comisión Europea propuso las nuevas normas en septiembre de 2018 con la finalidad de mejorar el retorno de los inmigrantes que no tienen derecho a pedir asilo o protección internacional en la UE.
Según Bruselas, en 2017 solo el 36,6 % de las personas que recibían una orden de expulsión era efectivamente devuelto a su país de origen.
"La UE está trabajando para que las normas para el retorno de los inmigrantes irregulares sean más eficaces", explicó en rueda de prensa al término de la reunión la titular rumana de Interior, Carmen Daniela Dan, cuyo país preside la UE este semestre.
El acuerdo logrado aún necesita el voto a favor de la Eurocámara, también competente en este ámbito.
La normativa acordada abarca todos los aspectos, salvo el procedimiento de retorno en las fronteras, que se regulará a través del Reglamento sobre el Asilo, el cual se encuentra en negociación.
"Aumentar la efectividad de los retornos es un elemento fundamental de una política de migración global: es el mejor modo de acabar con el modelo de negocio de los traficantes y de demostrar que poner la vida en sus manos no garantiza la entrada a Europa", añadió la ministra.
El titular español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó por su parte en declaraciones a la prensa que para España los cambios en esa legislación son "uno de los objetivos principales en el marco de la reforma de la política migratoria".
No obstante, reconoció que el texto que han avalado los países plantea a España ciertas cuestiones, más técnicas que políticas, por ejemplo en relación con los plazos mínimos y máximos de internamiento previos a la devolución.
Subrayó asimismo que los retornos obligan a tener acuerdos con los países de origen, "que deben reconocer a las personas que van a ser devueltas".
Las nuevas normas asegurarán unos procedimientos más claros y transparentes tanto para las órdenes de expulsión como para los recursos contra las mismas y obligarán a quienes tengan que retornar a cooperar activamente con las autoridades del país que emita la orden de salida.
Además, establecerán reglas más eficientes sobre los retornos voluntarios y una lista de criterios objetivos para determinar el riesgo de fuga de los inmigrantes en situación irregular.
Excepcionalmente la normativa prevé la posibilidad "como último recurso" de enviar a los inmigrantes a terceros países "seguros" y de detener a un extranjero cuando esa persona suponga "un riesgo para el orden público, la seguridad pública o nacional".
Por otra parte, los ministros cerraron un acuerdo sobre tres propuestas de fondos europeos para ayudar a combatir la inmigración irregular, en materia de seguridad y para la protección de las fronteras durante el periodo 2021-2027.
La orientación de los países servirá de base para las negociaciones con el Parlamento Europeo, que también tendrá que dar el visto bueno a esos fondos para su aprobación definitiva.
Grande-Marlaska indicó sobre estos instrumentos que contribuirán a crear una auténtica política migratoria europea.
Sobre la situación migratoria en la UE, el ministro español explicó que hace falta una política común y que, junto con los países de origen y tránsito, hay que "buscar y llegar a un control de los flujos migratorios, a una inmigración legal ordenada".
