caso emvicesa

Un perito judicial tasará los bienes presentados para cubrir la fianza de Antonio López

Este procedimiento podría demorar el proceso de puesta en libertad del exgerente de Emvicesa, si finalmente la juez decreta que los avales son suficientes para cubrir la fianza que ha pasado de 300.000 a 150.000 euros. 

Antonio López, custodiado por la Policía (C.A./ARCHIVO)
photo_camera Antonio López, custodiado por la Policía (C.A./ARCHIVO)

La Fiscalía ha solicitado a un perito judicial que tase los bienes presentados por los allegados del exgerente de Emvicesa, Antonio López, y que cubrirían la fianza para poder salir de prisión.

Este procedimiento podría demorar el proceso ya que el estudio que se le va a hacer a los inmuebles es mucho más exhaustivo. Por lo tanto, de momento se desconoce si López abandonará o no la cárcel del Puerto de Santa María, donde permanece desde hace más de un año. 

La juez Raquel Lucini, instructora del procedimiento judicial que investiga la compraventa fraudulenta de viviendas de protección oficial, ha estimado el recurso de la defensa de Antonio López, principal imputado en la causa, para reducir la fianza de 300.000 a 150.000 euros

El pasado 23 de febrero, Lucini decretaba que los avales presentados por amigos y familiares de Antonio López eran insuficientes para cubrir la fianza de 300.000 euros fijada por la Audiencia Provincial. Una semana antes, cuatro mujeres, entre ellas la madre y la hermana de López, comparecían en las dependencias judiciales para ratificar la aportación de cuatro inmuebles con los que pretendían hacer frente a esta fianza, concretamente el 50% de una vivienda y tres locales.

Sin embargo, estas propiedades no sirvieron para cubrir la fianza fijada. Al no poder pagar los 300.000 euros en efectivo y presentar inmuebles como avales la cuantía que había de abonarse de doblaba hasta los 600.000 euros. 

López, que había ejercido como viceconsejero de Vivienda y gerente de la sociedad municipal Emvicesa, ingresó en prisión preventiva el 15 de febrero de 2017 como presunto cabecilla de una trama de corrupción dedicada a la adjudicación de viviendas de protección oficial a cambio de dinero. Entre los delitos que se le imputan está el de cohecho. 

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