En total, la sentencia de 1.687 páginas del juez de la Audiencia Nacional ha La Audiencia Nacional ha condenado a 351 años de prisión a los 29 de los 37 acusados en el juicio de la trama Gürtel. Además, la resolución incluye un voto particular del magistrado Ángel Hurtado que propone la absolución del PP y de cuatro acusados. El Partido Popular es considerado en el fallo responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de 245.000 euros de la Gürtel.
El fallo incluye un voto particular del magistrado Ángel Hurtado que propone la absolución del PP y de cuatro acusados: Ricardo Galeote, Ángel Sanchís y su hijo, y Carlos Clemente.
El extesorero del Partido Popular de José María Aznar y Mariano Rajoy, Luis Bárcenas, ha sido condenado a 33 años de cárcel y a pagar una multa de 44 millones de euros mientras que su mujer, Rosalía Iglesias, acumula una condena de 15 años. Aun así, el ingreso de de Iglesias depende de si la Fiscalía lo solicita o no. Este posible encarcelamiento puede ocasiones terribles consecuencias para el PP ya que Bárcenas aseguró en 2013 desvelar más detalles sobre las finanzas irregulares del partido si Iglesias entraba en prisión.
El tribunal considera que Bárcenas evadió 11,5 millones de euros entre los años 2000 y 2009 y que se embolsó 1,24 millones en comisiones por facilitar contratos público a empresarios cuyo contacto era facilitado por Correa.
Por su parte el número dos de Francisco Correa -condenado éste a más de 50 años-, Pablo Crespo, ha sido condenado a más de 37 años de prisión.
Otra de las condenas que ha especificado la sentencia es la que le ha impuesto el juez a Guillermo Ortega, condenado a 38 años de prisión; a Jesús Sepúlveda, el exmarido de Ana Mato, a 14 años; y a Alberto López Viejo, quien fuera consejero de Esperanza Aguirre, a 31 años. No obstante, la sentencia considera también a Ana Mato y a Gema Matamoros partícipes a título lucrativo. La sentencia absuelve a ocho de los acusados, entre ellos Álvaro Pérez, más conocido como 'El Bigotes'.
La trama que encubre el PP
La sentencia describe cómo los 29 condenados organizados en torno a las empresas de Correa y otras terceras elegidas por diversos cargos públicos gozaban de inmunidad a la hora de la contratación pública. En total, el fallo relata la presencia de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, delitos contra la hacienda pública, estafa procesal intentada, blanqueo de capitales, apropiación indebida, tráfico de influencias o exacciones ilegales, entre otros.
La estructura financiera creada a partir de 1989 se dedicaban, principalmente, a inflar precios que se cobraban a distintas administraciones públicas con la obtención de beneficios ilegales “o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. De las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares”.
Según la Fiscalía, el entramado intentaba conseguir "contratos públicos a cambio de sobornos a funcionarios y autoridades del PP" y ha precisado que a través de estos contactos de la red corrupta se "apropiaron de fondos públicos". Para Anticorrupción quedó probado que la Gürtel buscaba un "enriquecimiento con el abuso de las funciones públicas de algunos de los acusados".
