La agitación de los partidos ante la inminencia de las elecciones generales no oculta en Ceuta las premuras que acucian a la política local. El Gobierno de la Ciudad afronta dos retos urgentes que habrá de sacar adelante, necesariamente, con los apoyos de otras formaciones distintas al PP. El primero de ellos afecta a la intendencia misma de la gestión municipal: la aprobación de los Presupuestos Generales de 2020. El segundo, a un compromiso de legislatura que los populares fueron incapaces de sacar adelante durante el mandato anterior: la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La debilidad parlamentaria del Gobierno del PP, sustentado por 9 de los 25 diputados de la Asamblea, exige afrontar un reto inédito para en la prolongada trayectoria política del presidente ceutí, Juan Vivas: el de sentarse a negociar con la oposición.
Apremiado por la necesidad de aprobar los Presupuestos antes de fin de año, Vivas deberá buscar apoyos para lo que en otro tiempo, con las sucesivas mayorías absolutas del PP, no era sino un mero trámite. El documento con las cuentas para el próximo año todavía no ha sido dado a conocer. Por tanto, y si se ha de atender a las reiteradas llamas al entendimiento lanzadas por Vivas al resto de partidos, la negociación habrá de desarrollarse en un tiempo récord.
Existe, sin embargo, un antecedente. El pasado septiembre, el pleno de la Asamblea aprobaba una modificación del Presupuesto de 2019. El PP sacaba adelante su propuesta gracias a los votos favorables del PSOE en lo que se antojaba la ejecución de un acuerdo previo. Durante el pleno de la Asamblea en el que se sancionó el cambio presupuestario, los socialistas justificaron su voto favorable en una cuestión de responsabilidad: “Lo hacemos para no dar una patada al Gobierno en el trasero de los ceutíes”. El argumento podría servir tanto para la aprobación de los Presupuestos del próximo año como para la sanción del nuevo PGOU.
“Confío plenamente en la responsabilidad de todas las formaciones políticas para ponernos de acuerdo”, declaraba este jueves Vivas preguntado por los periodistas sobre los apoyos con los que el Gobierno cuenta para aprobar el PGOU. La procelosa aventura de la revisión y adaptación del Plan Urbanístico arrancó en 2000, año de los primeros trámites impulsados para sustituir el vetusto documento de 1992, todavía vigente. Hoy, a finales de 2019, la reforma no ha llegado ni tan siquiera a pleno para su aprobación inicial.
Pese a todo, su tramitación se encuentra muy cerca de su finalización. La Ciudad aguarda a que el Ministerio para la Transición Ecológica dé su visto bueno a la memoria medioambiental que ha de acompañar el proyecto del Plan. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, anunciaba esta semana que en un plazo de tres semanas la institución daría su plácet al documento del Plan de Emergencias por Inundaciones, que ha de incluirse en la memoria medioambiental. Así, el Gobierno podría someter el documento del nuevo PGOU a la consideración del pleno de la Asamblea para su aprobación provisional a finales del próximo mes.
Vivas ha vuelto a apelar a la responsabilidad de las formaciones políticas para impulsar un documento que supondrá, una vez aprobado, la actualización de una norma de ordenación urbanística vigente desde hace 27 años. El PP necesita reunir una mayoría suficiente para sacar adelante un proyecto esencial para el sostén y el desarrollo de la economía local.
Las quejas de los empresarios y los profesionales ante la demora en la aprobación del PGOU, una protesta liderada por el sector de la construcción, han sido tónica constante en los últimos años. Ahora, la satisfacción de sus expectativas depende de la capacidad de las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo sobre un documento fundamental para el futuro de la ciudad.
Vivas jugará, aquí también, con la baza de la responsabilidad. El PP siempre ha defendido el carácter esencialmente técnico del documento y ha querido desposeer al debate sobre el urbanismo local de cualquier connotación política. Algo que no todas las formaciones están dispuestas a aceptar pacíficamente.
