Los representantes del PSOE y UGT rechazaron la aprobación del convenio de la Autoridad Portuaria y la Ciudad para la cesión a la Administración autonómica de la gestión de la báscula ubicada en la zona del PATT de Puerto.
El convenio aparecía en el punto 4 del orden del día de la última reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria. En el debate del mismo, la representante socialista explicó que su partido no se oponía a la cesión de la gestión total de la báscula a la Ciudad.
El problema surgió cuando la consejera de Hacienda, Administración Pública, Recursos Humanos y Empleo, Kissy Chandiramani, dejó entrever la posibilidad que la Ciudad, una vez firmado el convenio de cesión de la gestión, podría sacar a licitación la misma para que ésta fuese realizada por una empresa privada.
Ante la posibilidad desvelada por la consejera, tanto el PSOE como la UGT mostraron su total oposición, argumentando que la gestión influye de una manera directa en la labor impositiva de la Ciudad, por lo que entienden que debería ser el Organismo de Servicios Tributarios el que se hiciera cargo de toda la gestión de la báscula y no que la misma cayera en manos de una empresa privada.
A la hora de la votación, PSOE y UGT rechazaron la propuesta de aprobación del convenio entre la Autoridad Portuaria y la Ciudad para la cesión total de la báscula.
Medidas para erradicar el fraude
El pasado 17 de octubre del pasado año, la Ciudad anunció que modificaría la Ordenanza del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación. Era una de las medidas que el Ejecutivo adoptó para erradicar el fraude fiscal en la importación de mercancías y que era denunciado con reiteración por los empresarios de los polígonos de El Tarajal.
La consejera explicó que desde hace fechas, el Organismo de Servicios Tributarios estaba reforzando las tareas de inspección. “Hemos puesto en marcha la báscula del Puerto y también estamos llevando a cabo confirmaciones bancarias para conocer que fraude se está produciendo”, dijo entonces. Todas estas medidas, agregó, son tendentes a mejorar la lucha contra el fraude que existe en la Ciudad.
También explicó en aquella ocasión que “hemos solicitado una modificación de la Ley del IPSI para que las bases imponibles sean determinadas a través del peso de la mercancía y no sólo por la valoración económica”.
