El Sindicato Médico de Ceuta, en un comunicado de prensa, dice que tiene el deber y la responsabilidad de denunciar las posibles irregularidades cometidas por la Administración y de hacerlas públicas cuando no existe voluntad de diálogo ni capacidad de resolver los problemas.
La ciudadanía tiene el derecho a saber que actualmente los profesionales médicos del 061 y del SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) se ven condenados de por vida a desarrollar una labor penosa, con peligrosidad, turnicidad, nocturnidad y gran desgaste físico y mental hasta la edad de jubilación, negándoles el derecho a optar a un centro de salud (lo que permitiría renovar la plantilla del 061y del SUAP, que ya se encuentra bastante envejecida).
La edad media de la plantilla médica con plaza en propiedad está cercana a los 60 años. Ello sin duda repercutirá en la operatividad de un servicio asistencial fundamental en la labor de salvar vidas en situaciones críticas, donde los médicos son la piedra angular. Con esto comprobamos la poca sensibilidad y la falta de responsabilidad de nuestros gestores con los trabajadores en particular y con la ciudadanía en general. Porque un servicio envejecido y con médicos " quemados" hace que se ponga en peligro la necesaria atención de calidad que merecen nuestros ciudadanos.
Nos sorprende, dice en una nota, el desconocimiento que tienen los responsables locales del Ingesa del artículo 8 del Real Decreto del 184/2015 que regula el catálogo homogéneo, para la movilidad voluntaria. Y esto sí que es una alarma social y no "acatar la ley”.
La administración de Ingesa se basa para llevar a cabo esta discriminación del colectivo médico en que se trata de plazas de categoría diferente. Pero la realidad es que dicha distinción no es posible aplicarla en el proceso actual, ya que ni en el SUAP ni en el 061 se han efectuado previamente la actualización del catálogo homogéneo que dispone el artículo 9 del RD 184/2015, y por tanto, no pueden suprimirse la opción de presentarse al proceso de movilidad a ninguna de las categorías profesionales equivalentes en el colectivo médico.
Sin embargo, esta posibilidad sí se admite finalmente en el caso del personal de enfermería, de lo cual el sindicato médico se congratula sinceramente, pero no se puede obviar que la única explicación que ha dado el Ingesa, como fundamentación jurídica válida, ha sido que considera que no es de aplicación a este colectivo la normativa vigente.
El fondo del asunto es que se debe considerar que, por encima de todo, las autoridades sanitarias deben garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, y para ello debe facilitar que el personal estatutario, incluido el colectivo médico, pueda acceder a plazas vacantes de otros servicios de salud, mejorando la calidad de la asistencia y haciendo efectiva la garantía de su movilidad en todo el Sistema Nacional de Salud, tal y como recoge el artículo 43 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo.
Instar a que el Sindicato Médico deje de publicar "noticias que no corresponden con la realidad y que lo único que consigue es confundir a la opinión pública" (siempre según el Ingesa), es una desafortunada y grave acusación contra los profesionales a los que el Sindicato Médico representa.
Por todo lo expuesto, y porque nos debemos a los profesionales a los que representamos y sobre todo a los pacientes de Ceuta, y no podemos tolerar bajo ningún pretexto las amenazas veladas, las calumnias y la discriminación profesional, el Sindicato Médico ha decidido, ante la tozudez, obstinación y falta de sensibilidad del INGESA hacia el personal médico, denunciar esta situación de discriminación del colectivo médico ante el Defensor del Pueblo, sin perjuicio de otras medidas que se puedan tomar.
