Segunda sentencia judicial en contra en 15 días

Los abusos de Mahersa siguen pasando factura a la concesionaria del Puerto Deportivo

Condenada a abonar cerca de 6.000 euros al propietario de una embarcación por un robo que la concesionaria del puerto deportivo no quería asumir. 
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photo_camera Puerto Deportivo (C.A./ARCHIVO)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Ceuta ha condenado a Marina Hércules S.A., concesionaria del puerto deportivo, a pagar a un particular casi seis mil euros (5.830,23 euros), más intereses, por un robo que se produjo dentro de la embarcación amarrada en las instalaciones. Según el fallo, la empresa es responsable de la vigilancia de los barcos y tiene que responder frente a los daños que se han producido.  

La empresa Marina Hércules ha vuelto a ser condenada por los tribunales de justicia. El Pliego donde se regula la explotación de las instalaciones portuarias contempla que la concesionaria tiene que encargarse de la vigilancia de los barcos y no enmascarar esa función cambiando el término vigilancia por control en los contratos de adhesión que ha realizado con los usuarios siendo considerada abusiva esta cláusula.  

Se expone en la sentencia que dentro del Pliego de cláusulas de la explotación para la adjudicación en régimen de concesión administrativa de las instalaciones náutico deportivas del Puerto de Ceuta consta que “…tiene por objeto regular las condiciones para la exploración del régimen de concesión administrativa de los servicios para embarcaciones deportivas y el recreo.”. En igual sentido expresamente se constata “el concesionario deberá prestar obligatoriamente los siguientes servicios: Servicios contraincendios, de vigilancia, seguridad, policía y protección civil portuarios…”.

Resulta que en virtud del primitivo contrato, la titular del régimen de concesión demanial de las instalaciones náutico deportivas y la ahora demandada, existían para esta última una serie de obligaciones, insalvables, y entre otras consta expresamente la “vigilancia”. "Dicho contrato de concesión sigue intacto al no constar haya perdido vigencia. Sin embargo, en el contrato concertado entre la demandada y el ahora actor, contrato de cesión de amarre, resulta que consta que a través de sus servicios de marinería y vigilancia Mahersa asume el control permanente de las instalaciones, sin que dentro de tal cometido se entienda exigible una vigilancia de la integridad de las instalaciones. Y en relación a los robos, se hizo constar solo era exigible responsabilidad a Mahersa en los casos de grave negligencia, para lo cual la carga de la prueba corresponde al cesionario. Es decir, la inicial obligación asumida por Mahersa frente a la entidad concesionaria, ahora en el contrato que nos ocupa la demandada la enmascara, más bien la elimina o silencia, para no responder salvo en un caso exclusivo".

El juez sentencia que "es claro que estamos ante un contrato de adhesión, lo cual las partes no han negado. Así es cierto que Mahersa se encuentra en clara posición dominante respecto del demandado y titular de la embarcación. Es innegable que Mahersa ha de prestar servicios obligatorios según contrato firmado por esta misma al tiempo de recibir la concesión, entre otros: vigilancia, seguridad, policía y protección civil; lo que claramente expone el pliego de condiciones, para luego, de forma abusiva, cuando concierta contrato con los clientes particulares Mahersa, desprenderse de aquella obligación pretendiendo exonerarse de tal responsabilidad para solo pretender responder en los supuestos de negligencia grave y que encima han de ser probados por los dueños de las embarcaciones".

La gestión abusiva de Mahersa permitida por el expresidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado, terminó en los tribunales con una pena de seis años de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de prevaricación..
Los incumplimientos de los pliegos de condiciones por parte de la empresa y su posición dominante son una característica de la gestión de Marina Hércules, que ha recibido dos fallos contrarios en quince días. Uno de los socios de Mahersa es el cuñado de Juan Vivas, presidente de la Ciudad.  

De la defensa de este usuario del puerto deportivo se ha encargado el bufete Cabillas, Duarte y Ruiz. 

 

 

 

 

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