Las nuevas tecnologías en comunicaciones están propiciando que el papel vaya desapareciendo poco a poco. Uno de los mejores ejemplos es el de los diarios digitales, que constituyen a los periódicos en papel.
La Justicia no es ajena a esta circunstancia y en el caso de Ceuta ya se habla, porque está instaurado, el papel cero. El formato digital viene a sustituirle y las telecomunicaciones están llamadas a mejorar las sesiones de enjuiciamiento y los trámites que cualquier causa conlleva. El papel deja de ser protagonista y la documentación pasa a estar en la nube.
Las nuevas tecnologías permiten que ya sea habitual en las sedes judiciales la utilización del sistema de videoconferencias para deponer. Pero donde más incidencia tienen es en el proceso de tramitación de toda la documentación de los expedientes.
A simple vista, el avance en la tramitación de los procesos judiciales es gigantesco. Desgraciadamente, en el caso de Ceuta, la realidad es muy distinta y los funcionarios, jueces, fiscales, letrados y todas las personas que participan en los procesos que se encuentran con serios problemas de comunicaciones y con las nuevas tecnologías. Las mismas no estarían dando el resultado apetecido, según ha conocido Ceuta Actualidad de fuentes jurídicas.
Se puede decir que más que estar todo en “la nube”, los que sucede es que en muchas ocasiones todos se quedan en las nubes. El proceso no funciona adecuadamente y no cumple ni con el fin ni con las expectativas creadas, algo que provoca la ralentización de esta administración con todos los perjuicios que ello conlleva
Pero para poner un ejemplo baste con relatar lo sucedido en el juicio celebrado el pasado miércoles en la sala de vistas del Penal 2. Las nuevas tecnologías jugaron una mala pasada al magistrado que enjuiciaba la causa en la que estaban acusados el exconsejero de Festejos, Premi Mirchandani, y su viceconsejero, Salvador Jaramillo.
Realizar algo tan sencillo como una videoconferencia con el empresario que tenía que declarar en la causa se convirtió en una empresa casi imposible. Los funcionarios trataban de atender al juez, aunque no pudieron. La declaración tuvo que ser aplazada para momentos más tarde. La frustración del magistrado era palpable.
Posteriormente y cuando se llevaba realizada media sesión, los avances tecnológicos volvieron a hacer de las suyas. Utilizando el argot informático, el sistema de cayó. La cara del juez era todo un poema, sobre todo cuando hubo conocimiento de que el problema no sólo afectaba a los ordenadores de la sala, sino que además lo hacía en todos los departamentos de la planta judicial.
Según el Ministerio de Justicia, el sistema LexNet es una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos que, en su trabajo diario, necesitan intercambiar documentos judiciales (notificaciones, escritos y demandas). Han transcurrido varios años desde su implantación y LexNet se ha convertido en un instrumento de trabajo seguro tan habitual en el ámbito de las comunicaciones judiciales, como el teléfono, el fax o el correo electrónico. El sistema, que empezó a funcionar en el año 2004: Cuenta con más de 52.000 usuarios. Es utilizado en más de 3.500 órganos judiciales. Y ha permitido intercambiar más de 160.000.000 de comunicaciones, algo que difiere mucho de la realidad de la justicia en Ceuta, según fuentes judiciales.
Lexnet, tal y como su nombre indica (la Ley en la Red), pretende extender gran parte de los servicios que ofrece la Administración de Justicia a través de Internet, haciendo que estos sean accesibles desde cualquier parte y en cualquier momento. En la actualidad el sistema permite: El intercambio seguro de información. El uso de firma electrónica reconocida. Acceso vía web. Funcionamiento 24x7. Ahorro de papel. Inmediatez en las comunicaciones.
En cuanto a los usuarios que actualmente están utilizando el sistema son: órganos judiciales y oficinas de registro y reparto (Secretario Judiciales). Procuradores y Colegio de Procuradores. Abogacía del Estado. Abogacías dependientes de la Abogacía del Estado (FOGASA, SEPES, AEAT y Consorcio Compensación de Seguros). Abogacía Comunidad. Abogacía SJSS. Fiscalías. Abogados y Colegios de Abogados. Graduados Sociales y comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
