El número de solicitudes para la aplicación de expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) presentadas por las empresas ante la autoridad laboral alcanzan a día de hoy las 448. En su conjunto, el número de ERTE promovido afecta a 1.587 trabajadores. 12 empresas han planteado una reducción de jornada para hacer frente a la parálisis de actividad forzada por la emergencia sanitaria.
Las empresas han comenzado a recurrir a esta figura, que no es otra cosa que una autorización para suspender temporalmente un contrato de trabajo, ante la suspensión de actividad que ha sufrido buena parte de la economía del país a causa de las medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno para combatir la pandemia del coronavirus.
El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros para paliar las consecuencias económicas y sociales de la actual situación de emergencia sanitaria que vive el país contempla varias medidas relacionadas con los ERTE.
Las medidas implementadas por el Gobierno prevén la flexibilización de los expediente de regulación de empleo temporales. Los trabajadores que se vean afectadas por estos ajustes de plantilla tendrán derecho a percibir la prestación por desempleo aun cuando no cumplieran los requisitos de cotización previa establecidos para el caso. El cobro no computará a efectos de la percepción posterior de la prestación.
Los empresarios que recurran a un ERTE no tendrán que abonar las cuotas de la Seguridad Social. Los autónomos verán flexibilizado el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.
