La UGT ha anunciado su intención de presentar ante la Dirección General de la Función Pública un recurso de reposición contra la resolución por la que la Ciudad ha convocado la provisión del puesto de oficial mayor.
En un comunicado, el sindicato reprocha al Gobierno local “falta de prudencia” por continuar con el trámite de la convocatoria a pesar de que los tribunales todavía deben pronunciarse sobre el proceso. UGT presentó ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta sendos recursos contra las bases del concurso y la decisión del Gobierno de rebajar la clasificación del puesto a la de tercera categoría. Ambas impugnaciones están pendientes de sentencia.
“Deploramos la actitud del Gobierno local de dar prioridad a este concurso, que consideramos ilícito e innecesario, cuando son tantas las necesidades de personal que sufre la Ciudad en Servicios Sociales, Educación, Personal Administrativo, Policía Local o Bomberos”, protesta el sindicato.
UGT critica la insistencia de la Ciudad en cubrir esta plaza cuando la de secretario general lleva más de quince años vacante, ocupada por libre designación.
Polémica
La convocatoria de la plaza de oficial mayor ha despertado numerosas suspicacias desde que la Ciudad anunciara su intención de proveerla. UGT siempre ha mostrado su convicción de que la cobertura del puesto se promueve con la única intención de asignarlo a quien actualmente ocupa de manera interina la Secretaría General de la institución. El sindicato ha llegado a asegurar que consignará ante notario el nombre de la persona que ocupará el puesto antes incluso de que se resuelva el concurso.
En su comunicado, UGT ha instado al Gobierno local a desistir de la convocatoria del concurso que, según defiende, presenta unas características “ofensivas” para otros empleados públicos que padecen recortes de salario, jornada y condiciones de trabajo. “Mientras se va a premiar con un fantástico sueldo y un puesto de trabajo prácticamente fijo sin haberse examinado a personas que se van a acomodar a las necesidades del ejecutivo local y no van a defender los intereses generales de los ciudadanos, que es la obligación de todo funcionario·, concluye el sindicato.
