Desde hoy, y mientras dure la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, el uso de la mascarilla será obligatorio para personas de seis años en adelante en la vía pública o en espacios cerrados, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros,
Así lo ha publicado este miércoles el Gobierno en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sobre las sanciones a las que se enfrentan las personas que no cumplan con la orden gubernamental el documento no precisa nada. Sí es conocido que las sanciones por no llevar mascarilla en el transporte público oscilan entre los 601 y los 30.000 euros, aunque en la inmensa mayoría de los casos se impone la cifra más baja de horquilla.
Por ello, el Ministerio del Interior ha dado instrucciones a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que informen a los ciudadanos de la obligatoriedad de cumplir con la Orden de Sanidad que regula el uso de la mascarilla para prevenir el coronavirus, pudiendo multar a aquellos que no atiendan al requerimiento de los agentes.
Durante los primeros días, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad potenciarán la función pedagógica. De este modo, cuando los agentes tengan conocimiento de supuestos de incumplimiento de la Orden del Ministerio de Sanidad, requerirán a la persona que cometa ese incumplimiento que proceda a ponerse la mascarilla o que se retire a una zona en la que sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal.
Si el incumplimiento se produce en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, se requerirá a la persona que abandone dicho espacio. Si la persona no atienden al requerimiento, se podrá proceder a realizar una propuesta de sanción por la vía del artículo 36.6 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza'.
En la práctica, los agentes que imponen multas por no llevar mascarilla en el transporte público aplican el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana. En él se establece que "la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación" son infracciones graves que conllevan multas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros.
