La presunta adjudicación fraudulenta de viviendas de protección oficial que investiga la Justicia desde hace más de un año y medio ha sido letal para la sociedad municipal Emvicesa. El prestigio de la empresa pública ha quedado seriamente tocado y, a juzgar por las críticas formuladas por la oposición en la Asamblea, también sus presupuestos.
El consejo de administración de la sociedad se reunía el pasado martes con propuestas para la modificación de los estatutos de la empresa y la enajenación de cinco viviendas en Millán Astray y Monte Hacho.
Mientras que los cambios planteados al articulado de los estatutos quedaban sobre la mesa, la venta de las viviendas salía adelante, lo que granjeaba las críticas de la oposición que consideraba la operación como una manera de malbaratar el patrimonio de la sociedad.
Las viviendas puestas a la venta en Millán Astray (un segundo, un tercero, un cuarto y un sexto pisos con garaje) se tasaban en precios que oscilan entre los 93.290,85 euros y los 97.838,85. El cuarto piso de la urbanización Monte Hacho se ponía a la venta por 85.275,75 euros.
El proceso de selección abierto para la adjudicación de las casas exige, entre otros requisitos, que el aspirante esté inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda con más de seis meses de antigüedad, acredite estar empadronado en la ciudad desde hace al menos 48 meses y tener unos ingresos económicos corregidos entre 1 y 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
La oposición ha querido ver en la voluntad de la empresa de deshacerse de parte de su patrimonio un reflejo del desinterés que atribuye al Gobierno en materia de vivienda social. Los datos para el sustento de esta crítica los aportaba Ciudadanos, cuyos dirigentes denunciaban que los ingresos de Emvicesa pasarán de los 4,3 millones previstos para este año a los 2,7 estimados para el próximo ejercicio. Un reflejo en el descenso de la actividad de la empresa, a juicio de la formación naranja.
Los críticos también asignan a la misma tendencia despreocupada situaciones como la vivida en la promoción de viviendas de Serrano Orive, entregadas hace más de ocho años con el propósito de ser adjudicadas a jóvenes en régimen de alquiler y de manera rotativa durante cinco. Lo cierto es que a día de hoy las casas siguen ocupadas por los adjudicatarios originales, los cuales superan ya los 35 años. Además, una docena de ellos posee otra casa en propiedad.
Estas situaciones, unidas, fundamentalmente, al moroso ritmo con el que se construyen viviendas sociales en una ciudad donde el de la necesidad de habitación constituye uno de los principales problemas sociales, cuestionan la eficacia de una sociedad municipal cuyos responsables políticos siguen con la mirada puesta en un horizonte más o menos cercano: el que marcará el resultado del futuro juicio por la adjudicación presuntamente irregular de viviendas de protección.
