El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha declarado de emergencia la contratación de suministros de farmacia para la Ciudad en base a otros dos decretos, de fecha 13 de marzo de 2020, por el que se adoptan una serie de “medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio del covid-19”.
Existe un informe emitido por la consejera de Servicios Sociales, de fecha 8 de abril de 2020, que justifica la necesidad de realizar el gasto “para hacer frente a la situación” donde se nomina a quienes serán los proveedores.
Hasta aquí todo sería correcto si no fuera porque entre los proveedores seleccionados figura el marido de la actual directora general de Servicios Sociales, Malika Al-Lal, nombrada para ese cargo por Juan Vivas el 26 de junio de 2019.
El contrato de suministro de medicamentos con Luis Morte Oliver, marido del alto cargo, es por un importe de 638,47 euros.
No parece esta una resolución conforme a los principios de buen gobierno y en concreto el de imparcialidad, a fin de mantener un criterio independiente y ajeno a todo interés particular, como así recoge la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Por muy excepcional y extraordinaria que sea la situación, es inadmisible que el marido de la directora general de Servicios Sociales sea el beneficiario de una contratación directa sin licitación con informes de la propia Consejería.
La farmacia Morte Oliver ha sido además adjudicataria de un gran número de contratos menores al presentarse como licitador durante los últimos meses.
Entre julio de 2019 y abril de 2020, la empresa de Luis Morte, marido de la directora general de Servicios Sociales, recibió 10.981,44 euros de la Ciudad Autónoma como único licitador de varios contratos menores siendo el órgano de contratación la misma Consejería de Servicios Sociales cuya Dirección General ostenta su mujer.
Luis Morte ha mantenido vínculos con el Partido Popular durante años e incluso formó parte de la candidatura del PP a la Asamblea de Ceuta en el año 1999.
Años después tanto él como su mujer pasaron por un complicado proceso judicial que deviene de la época en que Malika Al-Lal ocupó el cargo de directora provincial del Insalud.
Ella fue condenada en 2007 por prevaricación y ambos por estafa procesal tras reconocer su culpabilidad con el fin de atenuar la pena y librarse de la entrada en prisión.
De este decreto deberá dar cuenta Juan Vivas al pleno de la Asamblea en la próxima sesión que se celebre.
