¿Puede un trabajador enfermar sin que le pisoteen sus derechos? Esta pregunta nos la haríamos en los comienzos del siglo XX pero no debería ser algo que se cuestione en la sociedad actual, algo anacrónico después de todas las luchas libradas para conseguir unos mínimos derechos laborales. La protección por enfermedad de un trabajador, algo reconocido en la obsoleta y mentirosa Constitución, tiene que ser la piedra angular en las negociaciones trabajador-empresa y a su vez estar regulada por ley. Quiere decir que el Estado es el garante para el cumplimiento de las leyes de ámbito laboral haciendo que las inspecciones médicas actúen con la sensibilidad que cada caso requiera. Claro que esto sería en un estado democrático y garantista normal. Estamos a la cola europea en los casos de reconocimiento de incapacidades laborales. Todo surge a partir de dinamitar las reglas del juego. Haberse cargado mediante un decreto los derechos laborales y la posibilidad de negociación de los trabajadores y la empresa es fruto de una reforma laboral impuesta por el PP y que es defendida con uñas y dientes por los miembros del gobierno a través de la mentira y la manipulación de los datos sobre crecimiento de empleo.
Un caso de insensibilidad manifiesta se está produciendo con un trabajador de la empresa de autobuses Hadú-Almadraba. Un conductor que por los destinos de la vida contrae una enfermedad degenerativa que le impide realizar su tarea profesional, una tarea que conlleva una responsabilidad añadida: la seguridad de los pasajeros que usan el servicio. Una empresa subvencionada con dinero público, la cual está actuando con desprecio hacia uno de sus trabajadores, alguien que enferma muy a su pesar y no puede conducir. No hay alternativa de poder recolocarlo en otro puesto. Toda una violación de los derechos que como trabajador tendría que tener garantizados, como dice el cuento constitucional, el cual todos vanaglorian pero ninguno garantiza su cumplimiento.
Siempre pagan los mismos en este país de Bárcenas, Montoros, Pujoles. Verdadera escoria que la democracia le permite a los partidos contar con tipos como éstos, entre otros. El PP se ha asegurado contar con comisarios políticos en los puestos de control a los trabajadores que por una causa u otra causan baja en sus empresas. Médicos frustrados que no sirven para ejercer la medicina pero sí cuestionan los informes de los verdaderos profesionales. Gentuza al servicio de una administración podrida.
¿Cómo es posible que el próximo lunes sepa este trabajador que va a ser dado de alta? Y la empresa, contraviniendo los informes médicos y su propio servicio de riesgos laborales, amenaza con despedirlo si no puede conducir. Una persona que además de librar una cruda batalla contra la enfermedad tiene que hacerlo en los despachos de la administración pública. Eso es duro de digerir. Sentirse abandonado en un estado que se llama democrático y se dice garantista por no querer ampliar la incapacidad laboral, aun contando con todos los informes médicos presentados que demuestran la gravedad del caso.
El trabajador con una limitada libertad de movimientos a causa de su dolencia, sin derechos y para más estupor, una empresa que todos los ceutíes sostenemos. Nadie controla que se cumpla la ley. Una empresa privada con muchas carencias en el servicio y que acude a Papá Vivas cuando tiene problemas, alegando que no tiene beneficios. De risa. Una seguridad social digna de los tiempos de la represión donde los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos son víctimas de la política ultra liberal (por no llamarla sectaria). Mientras la campaña de la mentira del PP sigue su curso. Pedirán el voto para seguir con su estrategia reformista.
Sus señorías con pensión vitalicia garantizada, el Ipad y el Iphone a costa de todos. Ésos que se llaman padres de la patria, pese a estar la legislatura terminada, cobrarán su sueldo de diciembre. Una vergüenza legal.
