Los jueces de Lo Contencioso lo han vuelto a hacer. La sentencia que decreta “no conforme a derecho” el nombramiento como viceconsejera de Empleo de Adelaida Álvarez arrincona un poco más al Gobierno de la Ciudad. No es que la tesis defendida por el presidente Vivas y, de manera vicaria por el portavoz del Gobierno Emilio Carreira, resulte intelectualmente insostenible. La de defender una interpretación del estatus jurídico de la Ciudad que reconozca el mayor ámbito posible de autogobierno para Ceuta no debe ser una actitud repudiable. Que el Gobierno recurra sistemáticamente todas las sentencias que declaran ilegales los nombramientos de sus viceconsejeros para preservar la mayor autonomía posible a la Ciudad podría ser un ejercicio de virtud sino fuera, en realidad, hija del cinismo.
Habrá que recordar que los viceconsejeros cuyos nombramientos viene poniendo en cuestión la justicia fueron promovidos a tal condición por Vivas desde sus anteriores cargos de subdirectores generales. Los mismos cargos que un juez declaró no ajustados a derecho. Esta artimaña, cambiar el nombre de las cosas para eludir una decisión judicial, parece responder a algo bien distinto a una noble posición de defensa de los intereses colectivos. Este juego en el alambre, desde el que puede que alguno de sus responsables acabe precipitándose a no tardar, tiene visos de ejercicio de funambulismo destinado a preservar los intereses de grupo, de secta, de fratría. Coronado, Jaramillo, Pérez y Álvarez. No parece que haya sido una cuestión de favorecer el acceso al servicio público de los más capaces.
