Opinión

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La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que revoca una resolución previa de los juzgados ceutíes por la que se anulaba el nombramiento como viceconsejero de Festejos de Salvador Jaramillo amenaza con tambalear la estrategia judicial de la FSP-UGT. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que revoca una resolución previa de los juzgados ceutíes por la que se anulaba el nombramiento como viceconsejero de Festejos de Salvador Jaramillo amenaza con tambalear la estrategia judicial de la FSP-UGT. El sindicato había denunciado con éxito las designaciones de cinco personas afines al PP como viceconsejeros. Sistemáticamente, los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Ceuta han venido avalando las tesis de la FSP-UGT por entender que la Ciudad carece de competencia para nombrar miembros del gobierno a  personas que no han sido elegidas en las urnas.

La sentencia dictada ahora por la Sala de lo Contencioso Administrativa del TSJA no discute los argumentos de los jueces ceutíes, ni entra en el fondo de la cuestión. Simplemente, niega la legitimación del sindicato para actuar en el procedimiento, lo que deja sin efecto la anulación del nombramiento.

El TSJA tiene que pronunciarse todavía sobre otros cuatro nombramientos, idénticos al de Jaramillo, y que, como el de éste, fueron declarados contrarios a derecho por la Justicia. Si la Sala mantiene el criterio adoptado para este último caso, los esfuerzos de la FSP-UGT habrán resultado baldíos. Esto tendrá como principal beneficiado al Gobierno local, que no habrá de enfrentarse al enojoso panorama de cinco nombramientos ilegales y las consecuencias que de ello pudieran depararse.

Y, lo peor de todo, es que seguiremos sin conocer la opinión del TSJA sobre un asunto que habría de dar pistas sobre la verdadera naturaleza del estatus jurídico de Ceuta.  

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