Un mal y aporofóbico Plan de Vivienda

El Gobierno de la Ciudad, a través de la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, ha decidido acelerar la ejecución de su Plan de Vivienda. Aprobado en enero, preveía la construcción de 1.038 viviendas públicas, aunque dejaba abierta la vía a la colaboración público-privada. Ahora esta última vía se desecha. Se apuesta por la construcción con fondos propios -el Ejecutivo prevé invertir hasta 76 millones de euros de aquí a 2028- y por el alquiler con precios limitados en todos los casos. 

Hay sin duda que aplaudir la iniciativa por más que llegue con tres lustros de retraso. Pero a la vez hay que censurar y exigir la corrección tanto de la normativa como del propio plan. Ambos son instrumentos a día de hoy malos en su concepción y que supuran aporofobia, como poco. Contribuyen a enraizar más aún si cabe el modelo de ciudad segregada en zonas de ricos y pobres. 

No hace falta estrujarse demasiado el cerebro para concluir esto. El Ejecutivo prevé acometer varias promociones desde ya mismo y la realidad es que va a construir primero las viviendas a las que solo podrán acceder aquellas personas que viviendo solas ganen al menos 1.800 euros. Pero el límite por arriba se va a los 3.300 euros de ingresos mensuales. En ese margen se podrá optar a un alquiler de un piso de 80 metros cuadrados con una renta de 600 euros al mes. 305 de las 945 viviendas previstas, las primeras que se van a entregar se han reservado para esta tipología y todas ellas están en el distrito II, en el centro. Frente al Campus Universitario (Pozo Rayo), justo arriba, Sarchal-Monte Hacho y Huerta Molino. 

Quien gane 3.300 euros al mes no necesita ayuda pública para acceder a una vivienda. El umbral mínimo, esos 1.800 euros al mes se sitúa incluso por encima de la renta media de Ceuta, 21.223 euros al año en 2022, según el INE. Es decir, se exigen ingresos por encima de la media para poder optar un alquiler de vivienda pública con la mensualidad limitada a 600 euros.

Las siguiente viviendas que el Gobierno quiere construir las ubica en el entorno de Hadú: 28 en Huerta Téllez, 71 en plaza Nicaragua y 90 en Santiago Apóstol en la parcela de Trocha Otero, junto a Juan XXIII. Son para lo que el Ejecutivo debe entender por rentas medias. Podrán acceder a un piso tipo de 80 metros cuadrados con un alquiler limitado a 360 euros mensuales quienes demuestren ingresos mensuales entre 960 y 1.740 euros. Y serán las siguientes en finalizarse.

Y por último, las viviendas para rentas bajas (entre 300 y 900 euros al mes) se ubican en Loma Colmenar y serán las últimas en finalizarse. 200 en Loma Colmenar-Los Rosales (la parcela detrás de la antigua prisión) y 230 en el entorno del Hospital que ni tan siquiera tienen fecha de inicio ni presupuesto. 

Es para nota que el Ejecutivo y Fomento, quién sea que ha ideado esto, consideren que dentro de la población ceutí quienes necesitan con mayor urgencia soluciones al problema de vivienda son aquellas personas que ganan entre 1.800 y 3.300 euros al mes. No el resto de rentas. Los pobres se dejan para el final, en una población con un 40 por ciento de las familias en riesgo de exclusión social. 

Los verdaderos necesitados tendrán que aguantar como puedan, a ser posible sin morirse, sin construir ilegalmente y sin ocupar garajes, trasteros o terrenos hasta 2028 como poco.

Más aún, con los precios de tope de alquiler ideados por Fomento y recogidos en la ordenanza que aprobó el Pleno, los ricos serán más ricos y los pobres más pobres. Consumirán menor porcentaje de sus ingresos en pagar el alquiler quienes se hagan con una vivienda en el centro que quienes ganen una en Hadú o Loma Colmenar. A Los pobres de solemnidad, quienes tengan ingresos de 300 euros, se les está pidiendo que asuman un alquiler que se llevaría por delante más de la mitad de esos ingresos, en lo que no se puede entender de otro modo, supone una clara apuesta del Gobierno por que esas rentas las acabe pagando Servicios Sociales.

Todo ello ahondará en la desigualdad rampante de Ceuta y en el modelo de dos ciudades que tanto le dolió al propio presidente Vivas que le aireara en la última campaña el candidato socialista, Juan Gutiérrez, casi como único argumento.

Y en lo geográfico, igual o peor. Las viviendas para ricos en el centro, las viviendas para pobres en el entorno del Príncipe Alfonso. Los ricos con los ricos, los casi pobres con los casi pobres y los pobres con los pobres. No hay ni un ápice de aspiración a intervenir desde lo urbanístico en la morfología social de la ciudad. Oportunidad perdida. Y la pregunta es clara ¿se basa esta apuesta en algún estudio? ¿Ha evaluado o encargado el Gobierno cuántos ceutíes con rentas de entre 1.800 y 3.300 euros están pasando problemas para acceder a una vivienda? ¿Cuántos con rentas menores? ¿O simplemente obedece al deseo de quien sea que haya ideado este sistema? Mucho hay que temer que sea esto último. En ese caso, convendría que el presidente Juan Vivas a la cabeza seguido de su Gobierno se lo hiciera mirar y empezara a plantearse cambios en la estructura política del Ejecutivo a todos los niveles. 

Dar prioridad a las viviendas para rentas más altas (tanto que probablemente  no necesitan de la ayuda de todos para tener una vivienda digna) es sencillamente ofensivo para ese 40 por ciento de población en riesgo de exclusión social. Tal vez haya algunas directoras generales a las que con 80.000 euros de ingresos anuales no les llega y entienden que su situación ha de ser similar a la de otra gran parte de la población, sus amigos y familiares, y les parece una buena idea habilitar viviendas con alquileres topados para gente que lo gana por encima de los demás conciudadanos. Ofensivo como poco.

No hace falta ya ni señalar que la ordenanza está tan mal hecha que deja fuera de cualquier cajón a quienes ingresen entre 901 y 959 euros al mes y a quienes ganen entre 1.1741 y 1.799 euros.

Hay muchísimos estudios y casos reales en los que ayuntamientos con zonas deprimidas apostaron por intervenir en las mismas desde lo urbanístico, mezclando clases sociales y rentas. El resultado fue casi siempre el mismo: las rentas más elevadas acabaron tirando de los barrios marginales hacia arriba y la dignificación urbanística de los mismos acabó haciendo tomar más conciencia a los vecinos de la necesidad de cuidar de sus entornos. 

Sólo un ejemplo más de cuánta aporofobia destila la ordenanza y el plan. Una pareja con un hijo que ganen 1.999 euros al mes no podrán optar a un alquiler con precio limitado de 600 euros en el centro. Su lugar está en Hadú. Eso es al menos lo que cree el Gobierno.

Pozo Rayo, Sarchal y Huerta Molino (305 viviendas públicas con fondos propios) en un triángulo que acoge entremedias Patio Castillo y los Pasajes Recreo. Zonas en donde los edificios han recrecido como la hierba en primavera en los últimos años, cuando no brotan como setas directamente en cualquier parcela abandonada (un síntoma más de la deficiente política de vivienda de la Ciudad) sin que ningún policía local ni técnico alguno de Fomento haya mostrado hasta la fecha una eficiencia en parar el fenómeno de construcción fuera de urbanismo que se acerque ni en un 10 por ciento a la mostrada para sancionar bares y terrazas. Será cuestión de prioridades.

En esa zona levantada al margen de la regulación urbanística hay miles y miles de metros cuadrados, viales proyectados en el propio Plan General de Ordenación Urbana y dotaciones previstas (un polideportivo y un colegio). El Gobierno pierde la oportunidad de intervenir desde el urbanismo. De apostar por trabajar el plan, por mirar más a largo plazo. De apostar en definitiva por ordenar la zona en lo urbanístico, generando expropiaciones acompañadas de reubicaciones en los nuevos edificios para seguir ganando miles de metros cuadrados en el centro en los que seguir construyendo, ganando más viviendas aprovechando las nuevas alturas que permite el PGOU y sustituirlas por las actuales viviendas de 2 y 3 plantas como máximo que se apilan unas contra otras. 

La oportunidad es además ahora, cuando se está a punto de recibir 100.000 metros cuadrados en la zona de Parque Ceuta de parte de Defensa que permitirá seguir paliando la escasez de vivienda. Es decir, no parece que debiera inspirar la prisa las acciones, más aún cuando no se ha hecho nada en 2 décadas.

El ejemplo que se ofrece para esta enorme zona del distrito 2 de la Ciudad vale para también para Hadú y para el Príncipe. Las políticas de vivienda pública están precisamente para intervenir en lo urbanístico y en lo social a través de ellas. Si se limitan al mero levantamiento de pisos y engrosamiento de oferta se quedan mermadas, faltas de ambición.

Pero claro, para eso hace falta más ambición, ganas de trabajar, de meterse en líos y de querer cambiar de forma verdadera la morfología de la ciudad, de combatir con todas las herramientas disponibles (el urbanismo y 76 millones de euros son una potente) la galopante desigualdad entre ceutíes. Lo contrario es apostar con claridad por mantener las actuales burbujas, por ir a lo fácil y rápido y por apostar sin miramiento ni empatía porque nada cambie y por llegar a las elecciones de mayo de 2027 con viviendas económicas prometidas y reservadas para una importante cantidad de votantes tipo del PP.

Sorprende, en este contexto y a la vista de todo esto, que ningún partido de la oposición aprovechara el debate plenario del pasado jueves para señalar estas intolerables carencias del Plan y la Ordenanza. Ni MDyC, ni PSOE, ni Ceuta Ya! alzaron la voz por estas cuestiones con la contundencia que merecía el asunto -cada uno con sus matices y su posición por supuesto-. Sorprende más aún en el caso del MDyC ¿sus ansias por construir vivienda eran estas? ¿Perpetuar el modelo de marginalidad, desigualdad y exclusión?¿Cuánto está dispuesta a tolerar Fatima Hamed a cambio de la vicepresidencia?