Vivimos tiempos de incertidumbre. Más tarde o más temprano, el denominado proceso soberanista catalán obligará a modificar el actual estatus del resto de las comunidades autónomas españolas. Lo lejos que puedan llegar los independentistas en sus pretensiones está por ver. Pero sea cual sea la suerte del reto planteado por los secesionistas al Estado, a partir de ahora nada podrá ser igual. Cataluña empuja a un cambio inevitable. Y Ceuta debería estar atenta.
La variedad de escenarios futuros impide una evaluación exacta acerca de cuál será ese nuevo estatus. Desde una refundación del Estado hasta una no tan radical, pero necesariamente significativa, reconsideración del lugar que cada territorio debe ocupar en este proyecto que se llama España. A partir de ahora, el dilema que se plantea no se establece ya entre la defensa irredenta del actual modelo de estado y el impulso de la senda reformadora. Estamos obligados a cambiar. Lo que habrá de discutirse es cuán lejos llegaremos en esa necesidad de cambio.
Asentado esto, Ceuta no debe remolonear. Una reforma de la organización territorial activará no sólo a las distintas formaciones políticas según su ideario, sino también a cada una de las comunidades, abocadas a defender sus intereses y posición en el nuevo modelo. Ceuta debería comenzar a plantear sus reivindicaciones, a elaborar una propuesta de lo que habrá de ser en la nueva España. Y sería bueno que el proyecto que se alumbre resulte ambicioso. La dinámica política del país establecerá qué objetivos será posible alcanzar y cuáles no se verán satisfechos.
Los responsables políticos locales harían bien en abrir ya el debate, a modo de prevención ante lo que ha de venir. Porque, inevitablemente, los cambios se producirán.
