La modificación legal que brindará cobertura a las contestadas devoluciones en caliente de inmigrantes ha recibido la sanción del Senado. Emboscada en una enmienda incluida en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, la legalización de lo que el Gobierno denomina eufemísticamente como “rechazo en frontera” camina con paso decidido hacia su definitiva aprobación en el Congreso. Nada va a detenerla.
El Gobierno obra con mala conciencia. Si no fuera así, no habría elegido un procedimiento tan discutible –y criticado, entre otros, por la Abogacía Española- como el de utilizar la tramitación del proyecto de una ley de seguridad para modificar una ley de extranjería. Las censuras de asociaciones, formaciones políticas, organizaciones humanitarias, entidades profesionales, organismos de defensa de los derechos humanos de ámbito europeo y mundial y otros tantos animaron en los gobernantes españoles la necesidad de guardar las apariencias. Y lo hicieron. No con mucha fortuna desde luego, pues la solución ideada fue la de añadir algunas líneas al texto en litigio con la precisión de que, en todo caso, la práctica del rechazo en frontera (léase devolución en caliente) se ajustará a la legislación internacional sobre protección de derechos humanos. El problema está en que ya no queda nadie que no haya insistido en que las devoluciones en caliente son, precisamente, una aberración contraria al derecho internacional.
Pero nuestras autoridades no van a cejar en su empeño. Veremos cuál es el precio.
