El servicio público de limpieza es una referencia recurrente de la actualidad local. Sea por una cosa o por otra, la concesionaria del servicio, sus trabajadores y el Gobierno de la Ciudad están siempre presentes en las crónicas periodísticas. La huelga indefinida convocada en la empresa para la próxima Semana Santa es sólo un capítulo más.
El conflicto es el principio que anima el funcionamiento de este servicio público. Conflicto en sus muy diversas manifestaciones. La decisión de la Ciudad que permitió en su día la adjudicación de la limpieza a la unión temporal de empresas Trace ya despertó críticas y censuras ante un procedimiento cuya idoneidad fue puesta en cuestión.
Posteriormente, el Gobierno local autorizaría una ampliación del contrato en 1,4 millones de euros. Quienes criticaron la concesión por la baja oferta presentada por la empresa veían justificados ahora sus argumentos y sugerían una inequívoca connivencia de los responsables municipales con una concesionaria ya por entonces puesta en la picota por su ineficacia.
Más tarde, el Gobierno local emprendió una indisimulada campaña para descabalgar de la UTE a la empresa Hermanos Lirola con el fin de cabida a Urbaser. Como una profecía autocumplida, los deseos expresados pública y reiteradamente por el equipo de gobierno acabaron cumpliéndose.
Ahora Trace ha vuelto a la primera línea de la actualidad, aunque en esta ocasión el motivo sea un conflicto laboral, algo que puede suceder en las mejores empresas. La amenaza de una huelga en plena Semana Santa no parece, sin embargo, haber alterado demasiado a la Ciudad. Probablemente, el Gobierno local comparta en este caso con la empresa un ejercicio de tactismo. Hasta la fecha de la huelga restan días todavía para la reacción. Lo inquietante es la displicencia con la que las autoridades municipales se han pronunciado con respecto al conflicto.
Con los antecedentes que describen las relaciones entre Gobierno y empresa, sería de esperar una respuesta algo menos fría. Ni una sola manifestación que haga recapacitar a la empresa y a sus trabajadores para que recuperen las negociaciones ahora rotas.
En todo caso, hay que tomar la palabra a la Ciudad cuando el consejero portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, aseguró que la resolución del conflicto no costará ni un solo euro a las arcas públicas. Es necesario que así sea.
