Cuando la escolarización de unos niños constituye un acto “potencialmente peligroso” es que hay algo que no funciona. No se trata de un prejuicio. Ni siquiera, necesariamente, de un reproche a las autoridades españolas. Es la constatación de un hecho. Algo que debería llevarnos a reflexionar acerca de la decencia de la sociedad en la que vivimos.
El delegado del Gobierno en Ceuta ha advertido de que si las escuelas de la ciudad aceptan a los niños marroquíes que consigan cruzar la frontera, el sistema educativo no podrá soportarlo. Un menor extranjero puede ser escolarizado siempre que acredite su residencia en la localidad, con independencia de que ésta sea legal o irregular. La imagen de una legión de pequeños cruzando desde Marruecos para invadir nuestros colegios parece hospedarse en la mente de las autoridades cuando afirman estas cosas.
No podríamos precisar el alcance de este riesgo, ni siquiera si se trata, en realidad, de un riesgo. Pero que un niño no vaya a la escuela debería tenerse por intolerable, más allá de cualquier otra consideración. La obligación de una sociedad que quiera guardar un poco de respeto por sí misma es buscar los cauces para garantizar que los menores vayan al colegio. Y si eso debe entrar en la agenda de la relaciones bilaterales entre España y Marruecos, pues que se haga.
